A lo largo de los poco más de dos años y medio de esta legislatura, el yihadismo y su amenaza terrorista han sido un problema para España. Sólo durante ese periodo, unos 160 yihadistas fueron detenidos y se identificó a cerca de 50 más que, ... habiendo partido del mismo o teniendo nacionalidad española, eran combatientes terroristas extranjeros en Siria e Irak. Otros, entre tanto, radicalizados dentro del territorio nacional en la versión belicosa del salafismo, la ideología que justifica religiosamente el terrorismo yihadista, optaron por quedarse y atentar aquí.

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Esto último es lo que hicieron los diez miembros de la célula de Ripoll, a la cual pertenecían los yihadistas que, en agosto de 2017, ejecutaron actos letales de terrorismo en Barcelona y Cambrils. Nueve de ellos eran descendientes de inmigrantes marroquíes, pero habían nacido o crecido en nuestro país y reflejaban la gran transformación reciente del yihadismo en España, convertido en un fenómeno ya más endógeno que exógeno y cuya realidad, también como amenaza terrorista, va a continuar existiendo.

España ha venido adaptando sus instituciones y agencias antiterroristas, desde el 11-M, ante la persistente amenaza yihadista. Se ha avanzado mucho y se sigue avanzando, en distintas facetas, en el marco de decisiones tomadas en la UE y de una estrategia nacional contra el terrorismo, revisada en un documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en enero de 2019. Pero queda por hacer. No solo porque las mutaciones del yihadismo demandan una continua adaptación de la respuesta estatal y de la cooperación internacional, sino también porque la coordinación, dentro de España, es mejorable.

Es mejorable, por ejemplo, el intercambio de información, tanto entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como entre estas y las policías autonómicas competentes en la lucha contra el terrorismo, esencial para perseguir terroristas que se mueven por todo el territorio español y evitar atentados. También es mejorable la colaboración entre las administraciones central, autonómica y local en iniciativas de prevención de la radicalización yihadista, cuya plasmación requiere asimismo más concienciación social y mayor compromiso de las comunidades musulmanas.

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