Alerta máxima para blindar el escrutinio ante posibles ciberataques

Como ya ocurriera en las elecciones del pasado 28 de abril, el Ministerio del Interior se ha tomado muy en serio esta amenaza de ataques durante toda la jornada electoral, pero sobre todo a partir de las ocho de la tarde, cuando se inicie el escrutinio, quizás el momento más delicado del día por su vulnerabilidad.

El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha vuelto a activar, con algunos matices, el protocolo que ya puso en marcha en primavera para el 28-A y que moviliza a más de un centenar de especialistas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC), de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) y de la Policía y de la Guardia Civil. Los funcionarios de este denominado Dispositivo Especial de Seguridad tienen órdenes precisas de la Secretaría de Estado de Seguridad para que el tratamiento de los resultados de las elecciones se realice «con los más elevados niveles de confidencialidad, disponibilidad e integridad» a fin de de que los posibles «hackers» no puedan bloquear o ralentizar el recuento o, lo que sería mucho más grave, alterar los datos que se envíen desde los colegios a los centros de recepción.

Esos mismos funcionarios del Dispositivo Especial de Seguridad junto con los servicios secretos y de información del Estado llevan monitorizando desde hace meses (prácticamente no han dejado de hacerlo desde las últimas elecciones) las redes sociales y la internet profunda o «Deep Web» en busca de posibles amenazas.

Los informes confidenciales hablan, como vienen haciendo de manera invariable desde hace años, del interés de países como Rusia en desestabilizar la política española, pues como miembro de la UE y la OTAN cualquier problema en España se ve con buenos ojos en Moscú. De hecho, muchas de las campañas de 'fake news' sobre España a raíz de la crisis catalana de 2017 provinieron de territorio ruso, según coincidieron todo tipo de informes y especialistas.

Pero al margen de las interferencias habituales extranjeras, la ciberamenaza más concreta para las elecciones del 10-N son los ciberactivistas proindependentistas catalanes, muy activos, al menos en las redes, desde que el pasado 14 de octubre se hiciera pública la sentencia del procés y que han intensificado sus llamamientos a acciones desde que la semana pasada el Gobierno aprobara el real decreto para frenar la denominada «república digital». En particular, hay un colectivo que obsesiona, por encima del resto, a los servicios de seguridad del Estado: Anonymous Catalonia.

Este grupo, con más de 250.000 seguidores solo en Telegram, ya dejó patente su interés por atacar al Estado a cuenta de la crisis territorial catalana y su capacidad técnica de hacerlo con el hackeo a finales de junio de las cuentas de correo electrónico de numerosos miembros del Poder Judicial como protesta al juicio del procés, entre ellas la del propio presidente del tribunal Manuel Marchena, violando la tecnología más avanzada del CNI que custodiaba los servidores de Justicia.

Anonymous -que a finales de octubre de 2017, tras la aplicación del 155, ya puso en marcha una campaña contra el Estado que denominó 'operación Cataluña' y que incluyó ataques a webs como la de la Casa Real- está siendo especialmente activo tras la sentencia del procés. Sus canales de comunicación han informado en tiempo real y con una altísima precisión durante los recientes disturbios de los movimientos de la fuerzas de seguridad en Cataluña, poniendo en serios aprietos a los dispositivos de seguridad gracias al gran volumen de información y colaboradores con los que cuenta.