El juez se defiende del ataque de Sánchez y el choque por 'el caso Begoña Gómez' se agrava

Los discursos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la campaña para las elecciones europeas de este 9 de junio en torno al caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no están provocando solo un aumento de la ya elevada tensión política; también de la institucional. El Consejo General del Poder Judicial -enormemente cuestionado por la izquierda como consecuencia de las trabas que el PP esgrime para su renovación- anunció ayer una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente, que tendrá lugar el lunes, tras los comicios, para pronunciarse sobre las declaraciones del Ejecutivo y del propio Sánchez sobre las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado. Este, a su vez, aprovechó una nueva providencia para responder él mismo a las insinuaciones vertidas en su contra. Y lo hizo mientras el PSOE cargaba contra el líder de la oposición por «cuestionar» a la Guardia Civil.

No es la primera vez que las cosas se ponen feas entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces, que en la actualidad está dominado por una mayoría conservadora y pendiente de renovación desde hace más de cinco años. A lo largo de esta legislatura ha habido serios choques por la amnistía -el ministro de Justicia, Félix Bolaños, suele ironizar con que el CGPJ hizo un informe «sobre un folio en blanco», cuando aún no se había presentado la proposición de ley-, pero también por las comisiones de investigación recogidas en el acuerdo de investidura del PSOE y Junts en el que se hablaba de 'lawfare' o persecución judicial; un texto que puso en guardia incluso a las asociaciones de jueces y fiscales progresistas.

La diferencia entre los episodios previos y este es qué o quién lo provoca. En este caso, la carta a la ciudadanía en la que, tras conocerse la citación a su mujer como investigada para el próximo 5 de julio, el jefe del Ejecutivo, poder del Estado, habló de un intento de «interferir en el resultado electoral» del domingo y argumentó que siempre ha habido una «regla no escrita» según la cual no se dictan resoluciones judiciales que puedan condicionar el «desarrollo normal» de una campaña.

Peinado respondió ayer de forma directa a esa recriminación que no hay «ninguna ley» que le impida proseguir con el procedimiento judicial en torno a las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez a favor de una empresa de Juan Carlos Barrabés, su excolega en el máster que hasta este curso impartía en la Universidad Complutense, para la adjudicación de un concurso público. También advirtió de que la costumbre solo es «fuente supletoria del derecho» en caso de «ausencia de ley» y de que, hasta donde le ha sido comunicado por la Junta Electoral, no tiene constancia de que la esposa de Sánchez se presente a las europeas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la víspera se unió al coro de miembros del Gobierno que apuntan a una intencionalidad política del instructor apelando a su condición de magistrado en excedencia, argumentó ayer que «no se ha cuestionado en modo alguno el trabajo del juez». «Lo único que se hace es valorar algunas actuaciones judiciales como corresponde en un Estado de derecho. Valorar con hechos, no hacer juicios de valor», adujo. En la misma intervención, en cambio, exigió una rectificación a Feijóo porlo que tildó de «crítica absolutamente desestabilizadora de la Guardia Civil».

El PP tacha de «majadería» el reproche. Feijóo sí afirmó en EsRadio que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que continuamente hace alusión el Gobierno para defender que «no hay nada» contra Begoña Gómez y que avanzó, en primera instancia, el diario El País «no era tal, que estaba recortado y fue una filtración, no sabemos de quién». Pero los populares insisten en que su crítica es que el informe no fuera «reproducido en su totalidad». «Tanto respetamos a la Guardia Civil que nos satisface que hayan sido sus agentes los que hayan entrado en la sede de una empresa que contó con ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez para requisar el material informático que pueda comprometer a la esposa el presidente por indicación de la Fiscalía europea», replicaron.

Los dos principales partidos de la oposición se acusan mutuamente de dañar la democracia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró ayer muy crítico con la convocatoria del CGPJ y aseguró que es la «presión» de la derecha lo que pone «en entredicho» el «buen nombre» de la justicia. «No me ha sorprendido nada, es la mayoría conservadora que emite un comunicado a tres días de las elecciones», esgrimió en Onda Cero.

El líder del PP habla de «populismo en vena» por parte del presidente. «Yo no contaba con que en mi país hubiese imágenes populistas al modelo de los Kirchner en Argentina», dijo ayer en alusión a la aparición por sorpresa de Gómez, de la mano del jefe del Ejecutivo, la víspera, en un mitin en Málaga.

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