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El Tribunal Supremo es uno de los campos de batalla de esta campaña electoral. Donald Trump juega sus bazas con decisión. Tras la muerte de la jueza Ruth Ginsburg, una heroína demócrata, ha acelerado a fondo la designación de la conservadora Amy Barrett, pendiente de ... que el Senado la ratifique. Es un modo de contentar al ala cristiana del partido republicano, a la que ofrece nada menos que una mayoría cercana a sus ideas durante décadas en el Supremo. Pero Trump también se prepara para un conflicto jurídico ante un eventual resultado ajustado de las elecciones, que solventaría el alto tribunal.
En mi opinión se equivoca, sin embargo, si cree que los miembros del Supremo que ha nombrado no serán imparciales en la interpretación de la ley. El prestigio del tribunal desaparecería si se dejase influir por un presidente que ha demostrado repetidas veces no creer en los valores constitucionales de su país. Por el lado demócrata, la queja sobre la nominación de Barrett es unánime. En una situación similar de vacante, al final del segundo mandato de Barack Obama, fueron los republicanos los que consiguieron que se dejase al siguiente presidente realizar esta trascendente designación judicial.
Los demócratas sugieren que la jueza ahora propuesta no es idónea por sus creencias religiosas, pero cometen un error de cálculo porque movilizan con esta acusación a la base republicana. Además, algunas voces desde la izquierda piden que un futuro presidente Biden nombre varios jueces de orientación demócrata, saltándose la costumbre de mantener en nueve magistrados la composición del tribunal. Esta situación ya ocurrió durante la Gran Depresión, cuando Franklin Delano Roosevelt amagó con una reforma similar, por la oposición del Supremo a la legislación económica y social del New Deal. Bastó con la amenaza, pues enseguida los jueces levantaron sus objeciones. En estos días, Donald Trump intenta distraer la atención de la pandemia y de su irresponsable contagio, acusando a los demócratas de querer hacer trampas a través de un posible aumento del número de jueces del Supremo. Es un debate que no le conviene a Biden y que debería zanjar cuanto antes.
José M. de Areilza es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, Secretario General de Aspen Institute España, miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y profesor de ESADE.
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