Los juzgados, el nuevo Despacho Oval

Joe Biden cuenta entre sus primeros propósitos con la revocación de una serie de órdenes directivas emitidas por Trump estos últimos años y la emisión de otras que impidan las injerencias de la Casa Blanca en el sistema judicial, frecuentes con el líder republicano. Basta recordar que una creciente enemistad le llevó en 2018 a destituir al fiscal general Jeff Sessions y reemplazarle por William Barr, exresponsable del Departamento de Justicia entre 1991 y 1993 bajo la presidencia de George H.W. Bush. Este mismo año ha presionado para indultar a su exasesor y amigo Roger Stone, condenado por obstaculizar la investigación de la conocida como 'trama rusa', y también para la nominación de Amy Coney Barret como juez del Tribunal Supremo. Famosas son ya las palabras que el político Adam Schiff le dirigió en el Congreso: el presidente tiene dos baremos para la ley, «uno para sus amigos criminales y otro para todo el resto».

La compleja situación legal dejará a Trump, una vez fuera del paraguas de protección de la presidencia, vulnerable a las múltiples investigaciones que buscan posibles fraudes en sus negocios financieros. No hay que olvidar que, antes de llegar al Despacho Oval, el empresario había acumulado más de 3.500 litigios a sus espaldas durante tres décadas en tribunales federales y estatales.

El tesorero de la denominada Organizaón Trump y sus numerosos abogados han logrado mantener el más absoluto hermetismo sobre las finanzas del magnate. Pero su presidencia ha hecho que, inevitablemente, el escrutinio judicial y mediático le haya seguido a todas partes. El expediente legal más importante que le espera a su salida de la Casa Blanca es una profunda investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre las operaciones financieras de su entramado empresarial.  

Dicha demanda persigue la obtención de ocho años de declaraciones de impuestos y documentos sobre transacciones, que implicarían al presidente y sus negocios en fraude bancario y de seguros, fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales. Al parecer, sus contables habrían disimulado el estado real de sus empresas, o bien inflado el valor de determinadas propiedades para obtener créditos y pólizas de seguro.

Además, un tsunami de préstamos bancarios por valor de unos 400 millones de dólares que vence próximamente encontrará al líder republicano desprovisto de la credibilidad y el poder que sostuvo, y también con mucho del entramado de su imperio urbanístico oculto hasta ahora expuesto a la luz. Un panorama que tendrá también consecuencias legales y económicas en sus hijos, Donald Jr, Ivanka y Eric Trump, cuyo patrimonio y relación con el patriarca de la familia es de dependencia transaccional.

Su derrota en las urnas, además, reactivará automáticamente el sumario sobre la presunta colaboración de Rusia con su equipo de campaña para interferir en las elecciones de 2016. Aunque la investigación del fiscal especial Robert Mueller no dio ninguna conclusión, sí dejó la puerta abierta a que Trump, una vez fuera de la presidencia, pudiera ser citado a declarar. De hecho, seis de sus asesores ya han sido condenados por este delito u otros económicos.

Y por si fuera poco, la sobrina del presidente, Mary Trump, también ha demandado a su tío, a su hermana y a quienes llevan el patrimonio de su hermano fallecido, acusándoles de fraude y de privarla de la herencia del imperio inmobiliario familiar construido por el patriarca Fred Trump.