Puigdemont plantea una investidura telemática y regresar después a España

Los independentistas se aferran a que el reglamento de la Cámara no explicita que el aspirante a presidente deba estar presente en el Parlamento en el debate de investidura y a partir de esa grieta están construyendo su estrategia. Una carambola a dos bandas que por un lado busca una salida al complicado laberinto de la investidura de Puigdemont y por otro trata de poner en un brete a la justicia española, que debería tomar la decisión de detener a un presidente de la Generalitat recién elegido, con la carga simbólica y política que lleva consigo.

Ese es uno de los planes. El otro consiste en instar a Mariano Rajoy a sentarse a negociar que Puigdemont pueda regresar a Cataluña para ser investido, con el compromiso de que al día siguiente acudiría a declarar al Tribunal Supremo.

Tras constatar que el PP no quiere negociar, los independentistas necesitan ahora ejecutar la investidura. Para ello necesitan que la mesa de la Cámara catalana haga una lectura laxa del reglamento y este extremo solo será posible si los secesionistas se aseguran la mayoría absoluta en el órgano de gobierno del hemiciclo.

Los resultados de las elecciones del 21 de diciembre les avalan, lo que ya no juega a su favor son las circunstancias. Por ello, desde el secesionismo se daba ayer por hecho que los cuatro exconsejeros que acompañan a Puigdemont en Bruselas (dos son de Junts per Catalunya -Ponsatí y Puig- y dos de ERC -Comín y Serret) renunciarán a su acta de diputados, para permitir que sus sustitutos puedan asistir a la constitución del Parlamento y votar la composición de la mesa.

Jordi Sánchez y Quim Forn, en prisión junto a Junqueras, ya han formalizado sus actas, aunque el ex de la ANC también se ha mostrado dispuesto a renunciar si así lo requiere la situación. Demòcrates, formación asociada a ERC, fue ayer el primer actor del independentismo que pidió públicamente a los exconsejeros que dejen sus puestos, con la condición de que se aseguren una cartera en el futuro ejecutivo.

ERC también insinuó que podría pedir a sus exconsejeros que den un paso atrás. «Estamos convencidos de que los que están en el exilio, tomarán la mejor decisión por el bien común», afirmó Roger Torrent, tras la primera ejecutiva del año de Esquerra. En la formación republicana insisten en el doble lenguaje que tan nervioso está poniendo a sus socios. Así, mientras la dirección del partido reitera que la investidura de Puigdemont es el único plan que está sobre la mesa, Gabriel Rufián presiona, asegurando (ayer volvió a hacerlo) que Junqueras es el plan B si Puigdemont no puede volver de Bruselas.

La cuestión es que a los republicanos no les acaba de convencer la idea de una investidura telemática. Tampoco a algunos sectores del PDeCAT. Esquerra se lavó ayer a las manos, pero lanzó un aviso a Puigdemont. «El ejecutivo y el presidente deben poder gobernar». Los republicanos no ven clara la investidura telemática y trasladan la decisión a los letrados de la Cámara catalana, que deberán interpretar el reglamento.

En cualquier caso, si los independentistas siguen adelante, volverán a provocar un encontronazo legal, ya que el PP anunció que impedirá en la medida de sus posibilidades una investidura telemática, entre otras maneras acudiendo al Tribunal Constitucional. Los populares calificaron la intención de los soberanistas de «surrealista», «absurda» y que pretende «reírse de los ciudadanos». «Sería una ilegalidad. La esencia del parlamentarismo es la presencia», afirmó el coordinador general de PP, Fernando Martínez-Maillo. Según el PP, las videoconferencias solo se permiten en las comisiones parlamentarias, no en las investiduras.

Para Albert Rivera, de Cs, Puigdemont vive en el mundo de Matrix. «Los que no nos hemos tomado la pastilla no entendemos su mundo, aseguró insistiendo en la analogía con la película de las hermanas Wachowski, el de una república que no existe y que piensa que puede gobernar por Skype o WhatsApp».

«La presidencia telemática no existe. Cataluña debe ser gobernada desde el Palau de la Generalitat» señaló Miquel Iceta, que consideró imprescindible garantizar un gobierno «con un presidente y consejeros que residan en el país».