Junqueras invoca a Mandela para insistir al Supremo en su permiso de salida

El líder de Esquerra Republicana (ERC) y diputado electo quiere, además, garantizar sus derechos procesales y personales "como son los inherentes a estar a menor distancia de su esposa y sobre todo de sus hijos". Por ello, reclama a los magistrados que autoricen el traslado de su cliente al Centro Penitenciario Brians-I, próximo a su domicilio, o a otro dependiente de la Administración Penitenciaria de Cataluña.

Junqueras pide concretamente que también se autoricen los permisos de salida o excarcelaciones para su asistencia al pleno de investidura que se producirá transcurrido un máximo de diez días desde la constitución ayer del Parlament "o bien se determine la conveniencia de otorgar dichos permisos para que el derecho de participación política pueda efectuarse en futuros plenos".

La decisión de Llarena del pasado 12 de enero, en la que reiteraba la reiteración delictiva de Junqueras, ha llevado a su defensa a estar presenta suplica a la Sala para agotar la vía interna ante una eventual impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en defensa de sus derechos fundamentales, según explica en el escrito.

El abogado Andreu Van Der Eyden alude asimismo a las denominadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, 'Reglas Nelson Mandela', que señalan que "las restricciones impuestas a las personas privadas de libertad deben limitarse a lo estrictamente necesario y ser proporcionadas a los objetivos legítimos que se pretendan conseguir con ellas".

En situación de prisión provisional, por tanto, un diputado electo ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales, "y por más que su encarcelamiento haga incompatible la asistencia diaria a la cámara legislativa o su participación en comisiones parlamentarias (donde podrían ser sustituidos), no puede implicar su inasistencia al plenario ni la pérdida de su voto, circunstancia que alteraría la función misma del Parlamento y afectaría a un poder del Estado", en opinión de la defensa de Junqueras.

Se cita incluso un estudio jurídico sobre este asunto cuyo autor, el actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, habla de la necesidad de garantizar al máximo las funciones del representante político y protegerlas, además, "de la injerencia de otros poderes del Estado que supondrían un desgaste de los principios democráticos".