La Guardia Civil incluye a Rovira, Mas y Gabriel en el comité estratégico del procés

En el citado comité estratégico también estarían Carles Puigdemont, el propio Oriol Junqueras, Agustí Alcoberro, de Òmnium Cultural, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el jurista Carles Viver pi y Sunyer, Neus Munté (vicepresidenta del PDeCAT) o Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT), según el informe al que ha tenido acceso este periódico.

"Todos ellos fueron coopartícipes de diseñar la estrategia que debía conducir a la independencia. Fueron, en definitiva, los que diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello", añade el documento.

En el segundo nivel de importancia y dentro del comité ejecutivo estarían todos los exconsejeros del Govern ya investigados en esta causa, incluido Santi Vila y "muy posiblemente" los responsables civil y policial de los Mossos d'Esquadra, César Puig y Josep Lluís Trapero. El papel de todos ellos "resultó fundamental para ejecutar las normas de desconexión y llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre planeados desde el comité estratégico".

En el caso de Puig y Trapero, añade la Guardia Civil, porque junto a Pere Soler, director de los Mossos, constituían la cúpula del cuerpo policial que se consideraba estructura de estado y del que resultaba imprescindible su control para no dar al traste con los planes de celebración del referéndum.

Los agentes del Instituto Armado concluyen además que el gasto de dinero público destinado a la construcción de la República catalana asciende de momento a 502.639 euros: 224.835 euros respecto a la campaña de registro de los catalanes en el exterior y 277.804 euros de la campaña de publicidad y difusión del referéndum del 1-O, unas emisiones autorizadas por el departamento de Presidencia del exconsejero Jordi Turull.

Este informe de 109 páginas surge como consecuencia de la batería de diligencias ordenadas por el juez Llarena el pasado 11 de diciembre a la Guardia Civil, que ejerce como Policía Judicial en la causa.