El Gobierno da el primer paso para impugnar la candidatura de Puigdemont

En los dos últimos días el Gobierno ha estado estudiando sus opciones. Fuentes gubernamentales confesaron la semana pasada la dificultad de tocar la puerta del Tribunal Constitucional cuando ni tan siquiera se había confirmado por escrito que la sesión de investidura fuera a desarrollarse a distancia. "No hay que dar pasos en falso", advertían entonces. Pero el Ejecutivo cree haber encontrado la manera de anular no el debate, sino la mera candidatura.

"El estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español", ha justificado Soraya Sáenz de Satamaría en una comparecencia extraordinaria en la Moncloa. La vicepresidenta argumenta que si los movimientos del candidato están restringidos, dado que no puede entrar en el país sin ser arrestado, tampoco puede acudir a la sesión de investidura del 30 de enero.

La vicepresidenta del Gobierno ha subrayado lo "insólito" de que Torrent haya tenido que desplazarse a Bélgica para celebrar una reunión con el candidato, cuando el resto de grupos parlamentarios han sido citados en la sede del Parlamento catalán.

El Gobierno asegura no anticipar si Puigdemont podría optar a la investidura en otro momento. Mucho se ha especulado con la opción de que el expresidente catalán vuelva a España, ingrese en prisión provisional y solicite un permiso para presentarse en la Cámara autonómica. En eso, el Ejecutivo dice no entrar. "Nosotros no planteamos este recurso por una posibilidad de futuro. Sino por una circunstancia de presente", ha zanjado Sáenz de Santamaría, que recuerda que ahora mismo lo primero que tiene que hacer el cabeza de cartel de Junts per Catalunya es ponerse a disposición de la justicia.

A cinco días del debate de investidura, Torrent tendría, además, margen para designar un nuevo aspirante en caso de que el Constitucional suspenda la candidatura de Puigdemont.

No es la única petición del Gobierno al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha realizado una "consulta potestativa" para saber si un candidato no presente en la Cámara puede ser investido, si cabe que los diputados huidos deleguen su voto en la sesión y si es posible impugnar esas hipotéticas decisiones de la Mesa del Parlamento. Se prepara así el terreno por lo que pueda ocurrir en los próximos días.

El Gobierno asegura que ha informado sobre qué pasos iba a dar a los partidos políticos y grupos parlamentarios catalanes que "se han acercado" estos días a preguntar. Fuentes del PSOE han confirmado que Pedro Sánchez había conversado con Mariano Rajoy y adelantan que los socialistas "apoyan las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo". También con el PSC se han mantenido conversaciones.

Sin embargo, por primera vez, el presidente del Gobierno no ha compartido con Albert Rivera sus intenciones. "No nos han dicho nada, pero nosotros ya habíamos anunciado que había que presentar ese recurso", han señalado fuentes de la formación liberal.

En las últimas semanas la tensión entre ambos partidos ha alcanzado su punto más álgido. Desde el PP se ha censurado la "mezquindad" de Ciudadanos, que se ha negado a ceder un diputado para que los populares cuenten con grupo propio en la Cámara catalana. "Dejar sin voz al PP en Cataluña no es sólo dejar sin voz al PP de Cataluña, es dejar con una voz menos a los partidos constitucionalistas", censuró ayer Rajoy en una entrevista en Onda Cero. Él, garantizó, no habría actuado así.