El Gobierno aguarda el anuncio de la candidatura de Puigdemont «para actuar en consecuencia»

La vuelta del líder de Junts per Catalunya a España para participar en el debate parlamentario supondría su detención inmediata y tantos los letrados de la Cámara catalana como la Abogacía del Estado rechazan como opción la investidura a distancia. Pese a ello, si los partidos secesionistas forzaran una elección telemática, el Gobierno recurriría el procedimiento de inmediato ante el Tribunal Constitucional.

Por ahora no ha sido necesario impugnar los primeros pasos del nuevo Parlamento de Cataluña. El Ejecutivo estaba dispuesto a recurrir cualquier decisión de la Mesa que permitiera a Puigdemont y los exconsejeros huidos a Bruselas delegar su voto en la sesión de hoy. No habiéndolo pedido los ausentes, fuentes de la Moncloa consideran que el caso de los tres encarcelados -Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez- es diferente. “El Gobierno no es partidario de recurrir la delegación de voto de los presos, sobre todo si la basan en el auto del juez Llarena, que lo señalaba como una posibilidad”, argumentan.

Ninguno de los tres que permanecen en prisión representa, según Mariano Rajoy, la opción más “deseable” para presidir la Generalitat. El jefe del Ejecutivo confía en que finalmente el independentismo promueva un candidato “limpio”, libre de cargas judiciales, que ayude a normalizar la situación política en Cataluña. Así lo trasladó ayer en una conversación informal con la prensa en el Palacio de la Moncloa, y en su entorno no descartan que eso termine ocurriendo.

Desde el Gobierno recuerdan hoy que “el tiempo corre en contra” de los secesionistas, que el 31 de enero empiezan a correr los dos meses de plazo para evitar repetir elecciones. Pero otras fuentes gubernamentales auguran que los partidos independentistas querrán apurar hasta el final.