Vox arrincona al PP con una propuesta de coalición de máximos a horas de formar las Cortes

«Presentamos las bases de un acuerdo de legislatura», aclara la organización de Santiago Abascal, que deben detallarse en las dos semanas que transcurrirían desde la constitución de las Cortes -este jueves a las 12 del mediodía- y la sesión de investidura, que se tiene que celebrar en los 15 días posteriores. «En este Gobierno de coalición la Presidencia de la Junta de Castilla y León recaerá sobre el PP, al igual que seis de las nueve consejerías». Aquí ya se encuentra un matiz relevante, porque el acuerdo reduce el número de consejerías de 10 a 9. La decena es el máximo que contempla la normativa después de que Juan Vicente Herrera impulsara esa modificación en época de crisis. Precisamente el mismo Herrera que tuvo el Gobierno más amplio, con doce, poco antes. «La Vicepresidencia de la Junta -papel que tuvo Francisco Igea (Cs) desde 2019-, así como la Presidencia de las Cortes y la Secretaría tercera de la Mesa -que tuvieron Luis Fuentes y Marta Sanz, respectivamente, ambos de Ciudadanos- recaerá sobre Vox».

«El mismo trato». Es el argumento único de Vox desde el 14 de febrero. Casi desde la misma noche del 13F, cuando se conoció que la composición del hemiciclo auspiciaba un tándem mayoritario al estilo PP-Cs pero con los de Abascal en lugar de los de Arrimadas.

La cuestión es que Vox, que no ha comprendido la táctica del PP de enlentecer los plazos y jugar simultáneamente con la posibilidad de un apoyo de Soria ¡Ya! para la Mesa de las Cortes y un Gobierno en minoría, ha añadido unos «ejes de Gobierno» muy concretos. «Programa, programa», decía Alfonso Fernández Mañueco. Y programa le han enviado. Con puntos complejos para un PP en reconversión a nivel nacional. Por ejemplo: «El Gobierno de la Junta se compromete a rechazar las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y cualquier impedimento ideológico del desarrollo energético e industrial». O «reducción significativa del gasto institucional y supresión del gasto público superfluo».

Va más allá, incluso. Pone un plazo. 90 días de Gobierno para acometer, por ejemplo, la reducción de «subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas, así como los fondos públicos dedicados a la publicidad institucional». Además, en plena crisis humanitaria en Ucrania y tras la polémica por la diferente actitud de los dirigentes de Vox respecto a los refugiados ucranianos y africanos, asegura que eliminarán «las partidas presupuestarias y normativas que promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos».

También, en medio de medidas más asumibles por el ideario del PP, añade el desarrollo de «una ley de violencia intrafamiliar que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima».

Vox toma así la iniciativa con un plan de acción contundente que obliga al PP a responder en todos los frentes, desde la asignación de consejerías hasta el programa. El 95% de todo ello, sin embargo, se puede pulir en las próximas semanas. El 5%, y no es un porcentaje menor en cuanto a su relevancia, es lo que estará en juego en las Cortes de Castilla y León este jueves. Si no hay Presidencia del parlamento autonómico y una secretaría para Vox, no habrá acuerdo de Gobierno que lo palíe.

Esa baza, que el PP valoró en algún momento durante la negociación, queda descartada con este ultimátum tan contundente. El PP cuenta con el voto a favor de sus 31 procuradores y de Ciudadanos, puesto que Francisco Igea le ha ofrecido su apoyo en la votación del jueves para que Vox no presida el parlamento autonómico. Tendría 32. El PSOE va a presentar como candidata para el puesto a Ana Sánchez. Cuenta con sus 28 votos y 1 de Unidas de Podemos, que también se lo brindaría. Por Ávila aún no se ha pronunciado. UPL ha dicho que no apoyará a un lado ni a otro. Soria ¡Ya!, con sus tres votos, puede hacerse valer ahora y decidir quién preside la Mesa.

Aun en el caso de que el PP pudiera conseguir la Presidencia de la Mesa de las Cortes, lo difícil vendría luego. Negociar a partir de ahí con un Vox situado en este punto, que además ha hecho público, es muy complicado. Vox podría oponerse a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Podría salir adelante, entonces, solo con la abstención del PSOE. Y eso, aunque está en la línea de lo que ha pedido Alberto Núñez Feijóo, no saldría gratis. En caso contrario, se abriría un periodo de dos meses tras la investidura fallida para intentar conseguir un Gobierno. Si no se logra, habría una repetición electoral. Y ahí, la imprevisibilidad aumenta hasta hacer que nadie tenga claro cuál podría ser el resultado.