Ya con las cartas sobre la mesa, la jugada para gobernar en Castilla y León parece enrevesada aunque el desenlace es previsible. Pablo Casado, sin atisbo de autocrítica, se niega a que el PP pacte con Vox y aboga por explorar vías alternativas con las ... candidaturas provinciales. Santiago Abascal, crecido, sostiene que su partido tiene que estar en el Gobierno sí o sí. El PSOE, en el papel de convidado de piedra, se niega a facilitar las cosas y rechaza abstenerse en la investidura para que Alfonso Fernández Mañueco no dependa de Vox.
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El día amaneció en la calle Génova con una resaca dolorosa, propia de las noches intensas, pero al mal tiempo, buena cara debió pensar Casado, que lanzó por delante a su 'alter ego', Teodoro García Egea, para sentar las bases de la postura del PP en el tira y afloja que se avecina con Vox. El secretario general denostó las experiencias de los gobiernos de coalición –el PP los ha roto en Madrid, Murcia y Castilla y León– porque «no han traído más estabilidad ni prosperidad a España, sino todo lo contrario».
En la calle Génova pretenden que Mañueco presida un Ejecutivo regional sin ataduras con «apoyos puntuales» de otras fuerzas para «sacar adelante medidas importantes». El acuerdo con el PSOE está descartado en cualquiera de los escenarios que surjan y con Vox no se contempla en público aunque la mayoría de los dirigentes admitan en privado que será inevitable, y el tiempo se encargará de demostrarlo.
El punto de partida de la dirección del PP en este pulso es contar con el apoyo de Soria Ya! (tres escaños), Unión del Pueblo Leonés (otros tres) y Por Ávila (uno) y sumar esos siete a sus 31 procuradores. La suma de 38 se queda a tres de la mayoría absoluta y Mañueco no saldría investido en primera votación, pero sí en la segunda que requiere mayoría simple. El plazo máximo entre ambas votaciones es de dos meses, y si no hay investidura se repiten las elecciones. Esta operación requiere la abstención de Vox para que cuadre. «Si se bloquea un Gobierno bueno en Castilla y León, cada uno tendrá que responder de sus actos y de sus votos», avisó García Egea.
El papel lo aguanta todo, pero la realidad suele ir por otro lado. No será fácil para los populares hacerse con el respaldo de leoneses y sorianos. Sus relaciones son malas de siempre y el PP ha mantenido durante la campaña serios encontronazos. Pese a los antecedentes, ambas formaciones están abiertas dialogar. Más sencillo parece el entendimiento con el procurador de Por Ávila, al fin y al cabo una escisión del PP.
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Mañueco, sin romper la sintonía con la dirección nacional de su partido, está más flexible para hablar con «todos», no descarta «nada» sobre pactos y cree, sin dar nombres, que hay «varias posibilidades». Eso sí, aseguró que la decisión se tomará «en Castilla y León». Una rotundidad que habrá arqueado alguna ceja en la calle Génova.
Mientras Madrid y Valladolid cruzaban cábalas, en Andalucía tienen ya el panorama bastante despejado y el adelanto ha desaparecido de sus planes. «Aquí todavía no tocan elecciones. Ahora mismo Andalucía es estable, con un acuerdo que funciona y que tiene que seguir rodando hasta el final», aseguró este lunes el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo.
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El presidente andaluz Juanma Moreno ha dejado caer en varias ocasiones la posibilidad de convocar elecciones antes del verano. Pero vistos los resultados en Castilla y León y la amenaza de un Vox todavía más crecido en Andalucía, Moreno ha vuelto al plan de agotar la legislatura en diciembre para enfado del partido de extrema derecha, que reclama un día sí y otro también el adelanto electoral.
En Vox aguardan a que Mañueco mueva ficha. Su candidato, Juan García-Gallardo, descartó ayer que se vayan a abstener para facilitar la investidura y reiteró sus exigencias para gobernar. «El resultado de las elecciones –afirmó– nos da el derecho y el deber de integrar el próximo Gobierno de Castilla y León». Si Ciudadanos, prosiguió, con doce procuradores y el 15% de los votos en 2019 entró en el Ejecutivo regional con un vicepresidente y cuatro consejerías, Vox, con trece y el 17,6% de las papeletas, no puede tener una presencia menor.
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García Gallardo, con los galones de negociador puestos, precisó que aún no quería hablar «de sillones» porque antes se deben acordar las «políticas» de esa coalición. Y puso sus dos primeras demandas sobre la mesa, derogar las leyes de violencia de género y los decretos de memoria histórica porque son «políticas de izquierdas».
El PSOE, entretanto, no va a mover un dedo para impedir que la ultraderecha gobierne una administración autonómica al mismo tiempo que alerta del peligro de que eso suceda. La ejecutiva socialista presidida por Pedro Sánchez acordó ayer no abstenerse en la investidura para facilitar un Gobierno del PP sin Vox. La dirección del PSOE tomó la decisión después de que el alcalde de Valladolid y exportavoz de la ejecutiva, Óscar Puente, defendiera esa opción para que el PP «no caiga en brazos» de la extrema derecha.
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El PSOE, advirtió el regidor, entraría en una contradicción si alerta de «la peligrosidad» del partido de Abascal y al mismo tiempo se queda cruzado de brazos ante su incorporación al Gobierno regional. La dirección socialista considera en cambio que la situación creada no es obra suya, es del PP por convocar unas elecciones adelantadas para contentar a Casado sin medir «el riesgo de que la extrema derecha entrara» a gobernar, apuntó el portavoz, Felipe Sicilia. Un escenario que, por otra parte, muchos saludan en el PSOE por el supuesto efecto movilizador en sus filas.
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