Vox rechaza el acuerdo programático del PP para gobernar Extremadura

La oferta del PP de María Guardiola que se concreta en el denominado 'acuerdo para la gobernabilidad y cambio político en Extremadura' ofrece la presidencia de la Asamblea a los de Santiago Abascal, pero sin entrar en el futuro Ejecutivo regional, y 15 medidas programáticas que concretan las políticas comunes que defienden ambos partidos, entre las que no se menciona la violencia de género ni los derechos del colectivo LGTBI.

De hecho, respecto a la conformación del Ejecutivo, el acuerdo que el PP ofrece a Vox señala que María Guardiola «ostentará libertad para la confección del gobierno de la Junta de Extremadura, debiendo someterse al seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos que las partes asumen mediante el presente acuerdo».

En definitiva, una oferta en la línea que la presidenta del PP de Extremadura ha defendido antes y después de los resultados del 28-M. Un pacto basado en medidas que conlleven un cambio en la política que se viene desarrollando en la región, situando «el interés general de los ciudadanos extremeños por encima de las diferencias ideológicas y programáticas de ambas formaciones» y buscando «sacar a Extremadura de la inercia de los últimos años».

El acuerdo programático de consenso se basa en 15 actuaciones concretas: rebaja integral de impuestos, a través de una ley de medidas fiscales que se aprobaría en los cien primeros días de gobierno; defensa del campo extremeño y la rentabilidad de agricultores y ganaderos, para hacer sostenible las explotaciones y poner en valor los productos de la tierra; la finalización de las infraestructuras estratégicas para la conectividad y el desarrollo, que incluye exigir al Gobierno de España «compromisos en los plazos de ejecución del AVE»; un pacto por la sanidad, con plan estratégico de lucha contra las listas de espera«; y otro pacto por una educación »de calidad, libre y sin sesgo ideológico, que respete el derecho de los padres a la libertad de elección en la educación de sus hijos«.

El acuerdo programático incluye también medidas para el fomento de la natalidad y apoyo a las familias, para frenar la despoblación y la marcha de los jóvenes, la protección de los activos industriales «e infraestructuras que están siendo amenazadas por motivos ideológicos» -el acuerdo señala que «evitaremos la demolición de la presa de Valdecaballeros» y se exigirá rectificar «la hoja de ruta para el desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz, permitiendo la prolongación de su vida útil».

La novena medida afecta a una de las señalas de identidad de Vox: el compromiso con la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles. «Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018».

El respaldo a las pymes y el impulso al autoempleo, la aprobación de un Plan Industrial de Extremadura 2023-2027, la eficiencia del gasto en la Administración, la revisión y flexibilización de las barreras ambientales, la defensa del mundo rural, las tradiciones y la identidad de Extremadura -que incluye un acuerdo de «Responsabilidad Política por la caza» para el fomento de la actividad cinegética y el respaldo a la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa- y una nueva política forestal «para conservar nuestros activos naturales y también prevenir grandes incendios», cierran el acuerdo programático ofertado por el PP a Vox.

Por el momento, al término de la segunda reunión entre ambos partidos los de Santiago Abascal han rechazado este pacto. Los populares, por su parte, aseguran que no dan por cerrada la negociación, confían en que reconsideren su postura y «antepongan los intereses de Extremadura en el plazo que tenemos hasta la constitución del Parlamento».