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Adolfo Lorente
Martes, 16 de mayo 2023, 09:22
La enorme polémica generada ha obligado a la dirección de EH Bildu a cambiar el paso y rectificar retirando a los siete exetarras con delitos de sangre de sus listas electorales. Así lo han anunciado los afectados en un comunicado conjunto publicado en 'Naiz' en ... el que aseguran que «no queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro». Su nombre, por razones técnicas, seguirá en las papeletas del 28-M, pero se han comprometido a no tomar posesión del cargo en el que caso de que resulten elegidos.
Se trata de Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz.
Los firmantes buscan marcar distancias entre sus casos y el de de los otros 37 candidatos que en su día fueron condenados por delitos de terrorismo pero no por delitos de sangre. «Nuestros casos concretos han sido más destacados por los hechos por los que fuimos condenados. No vamos a negar ahora nuestra militancia del pasado ni la responsabilidad que asumimos con ello», aseguran.
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En su comunicado se dirigen a las víctimas del terrorismo. «Con esta decisión nos queremos dirigir en primer lugar a las víctimas de ETA y, en general, a todas las personas que han sufrido en este conflicto, para mostrar así nuestro compromiso para que ni nuestras palabras ni nuestras acciones añadan jamás el más mínimo padecimiento al ya habido».
¿Por qué han tomado esta decisión cinco días después de que estallase la polémica? «La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia, que nos obliga, por diferentes motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida posible y a asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal», confiesan en un críptico mensaje.
¿Cuáles son los «diferentes motivos»? Por partes. La trascendencia era evidente desde el mismo momento en el que alguien decide incluirles en sus listas. Una polémica predecible que estalló cuando Covite lo denunció públicamente. Desde entonces, EH Bildu ha intentado sortearla creyendo que la tormenta escamparía más pronto que tarde. Pero no. Las listas de la izquierda abertzale han eclipsado la campaña electoral hasta tal punto que el presidente del Gobierno tuvo que «reprocharles» esta decisión porque «no era decente» en su reciente visita a la Casa Blanca.
Quizá en Euskadi el desgaste sea mínimo el 28-M, pero la operación de blanqueamiento de la EH Bildu en Madrid erigiéndose en duro competidor del PNV marcando un destacado perfil social de la mano de Esquerra se ha visto seriamente comprometida. Su credibilidad ha quedado tocada y han colocado al PSOE, su gran valador, en serios aprietos en puertas no ya del 28-M, sino de las elecciones generales de finales de año. Este es, sin duda, otro de esos «motivos» que se mencionan en el comunicado.
Fue condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato del empresario José Antonio Julián Bayano, perpetrado en 1983. La condena especificaba que la pena iba acompañada de la «inhabilitación absoluta» durante el tiempo de ejecución de esta. En la misma localidad ya fue concejal e incluso alcalde Iñaki López de Bergara, 'Yves', exjefe de los comandos en la reserva de ETA
En 1996 fue condenado a 55 años de prisión por asesinar a Francisco Gil Mendoza y causar heridas graves a su hermano. Rojo González, según relataría otros miembros de la banda, les ametralló en una plaza de Irún porque creía que eran traficantes de drogas. Rojo también fue condenado a 27 años por el asesinato de un policía en Bilbao
Ambos están condenados por haber hecho llegar a ETA la información suficiente para matar al guardia civil José Manuel García Fernández. Este agente del instituto armado sería asesinado en 1997 de un tiro en la nuca mientras cenaba en una marisquería de Zierbena junto con su esposa, que resultó ilesa. Por estos hechos, Maruri y Uribarri fueron condenados en 2001 a 16 años de prisión.
En 1981 fue condenado a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato de los trabajadores de las obras de la central nuclear de Lemoiz, Alberto Negro y Andrés Guerra. En el momento de su arresto, en diciembre de 1978, estaba considerado uno de los jefes del 'comando Vizcaya'.
Fue condenada en 1989 a 18 años de prisión por haber participado en el asesinato del concejal del Ayuntamiento de Azkoitia, José Larrañaga Arenas, cometido en 1984. Durante su militancia dentro de la banda terrorista también acumuló otras penas por encubrimiento y falsificación de documentos. La etarra salió de prisión en 2006 pese a que todavía le quedaban varios años de pena por purgar.
Fue condenado a 29 años de prisión por su participación en el asesinato del militar retirado Jesús Alcocer Jiménez, perpetrado en 1984. El comando en el que militaba Arriaga disparó en la nuca a Alcocer cuando se encontraba en el mercado de la capital navarra para hacer la compra. Los agentes Tomás Palacín Pellejero y Juan José Visiedo Calero fallecieron al estallar una bomba trampa que los terroristas habían ocultado en el interior del coche de fuga.
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