Sánchez acelera la ley de vivienda para adelantarse a las trabas autonómicas

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que el objetivo es aprovechar el 'impasse' de las elecciones municipales de mayo para avanzar en la definición del nuevo índice de precios que marcará los alquileres. Los técnicos llevan casi un año y medio trabajando en este indicador al que se referenciarán los contratos de grandes y pequeños propietarios que no hayan estado en el mercado en los últimos cinco años en zonas tensionadas. El objetivo es tenerlo listo en cuestión de meses. Así, los gobiernos que salgan de las urnas podrán iniciar «cuanto antes» los trámites para la declaración de área tensionada. Es más. Con la ley en marcha, incluso Cataluña, que no celebra autonómicas este año, podría homologar el índice que ya se emplea en la región.

El Ejecutivo explica que el nuevo indicador se está elaborando con datos de la Agencia Tributaria, incluidas las declaraciones de la renta que se presentan de aquí a finales de junio. Pero también tendrá en cuenta «particularidades de cada vivienda», como las reformas acometidas, el certificado de eficiencia energética, y otras variables como la altura, las vistas o la accesibilidad. Todo esto marcará la referencia del precio por metro cuadrado al que se podrá alquilar.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a criticar este viernes que esta es una ley «intervencionista, populista y no seria» y que «intervenir los precios funciona mal» porque, a su juicio, disminuye el número de viviendas. En un acto con afiliados del PP en Tarragona, centró de nuevo su discurso en las ocupaciones. «Comprarse una vivienda es muy difícil (...), hay que preservar ese esfuerzo», afirmó, para añadir: «Lo que queremos decir claramente es que estamos con los vecinos a los que se les okupa su vivienda». El líder de los populares afeó que la nueva ley no atienda este problema. «No se puede usar a vulnerables para justificar la okupación, porque la mayoría de los okupas no son familias vulnerables», indicó.

Fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que, en lo relativo a la okupación, la norma solo aplica a los grandes propietarios (aquellos con más de 10 viviendas o cinco si las tienen en la misma zona tensionada). E insisten en que se ha incorporado una disposición para que las comunidades puedan disponer de los recursos del Plan Estatal de Vivienda para afrontar esos impagos, como forma de compensar a los afectados. «El Estado ha establecido la norma, ha puesto los recursos y, a partir de ahí, son las comunidades las que tienen que establecer los sistemas de compensación», insisten desde Transportes.

Feijóo también reafirmó este viernes su receta para lograr el objetivo de bajar el precio de la vivienda: «Cuantas más viviendas, más bajo será el precio». Y el Gobierno responde que su plan también pasa por movilizar cientos de miles de pisos para alquiler social.

De momento, Pedro Sánchez ya ha anunciado planes en este sentido con casas de la Sareb, otras financiadas por el ICO y el uso de suelo de Defensa para la construcción de otras tantas. Sin embargo, tal y como reconocen desde Transportes, también se deja la puerta abierta a que el Estado pueda comprar a fondos como Blackstone o Cerberus -grandes tenedores-, pisos para este fin social. Una vía, junto a la de la cesión de casas para este fin, que de momento no ha aparecido en los anuncios de Sánchez.

El Ejecutivo se apoyaría en el artículo 25 de la nueva ley, que hace referencia a mecanismos de colaboración público-privada para desarrollar este parque mediante acuerdos con propietarios. No solo grandes fondos, que tendrían que entrar en una licitación abierta a todos los interesados y para lo que hay que elaborar un pliego de condiciones «que garantice transparencia y seguridad jurídica» en el proceso.