El PSOE propone más incentivos fiscales frente a la regulación del alquiler

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, que encabeza el equipo negociador del PSOE, ha presentado a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, una propuesta en la que defienden que los sistemas ensayados en otros países como Alemania o Francia «no han demostrado eficacia en cuanto a la contención de rentas, y sí apuntan tener a corto plazo un efecto de contracción de la oferta, lo que supone de hecho añadir mayor dificultad en el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables».

Por eso, y tal y como venían defendiendo en las últimas semanas, el PSOE ha apostado por la vía fiscal para su propuesta de abaratar el precio de la vivienda. En el documento, el Ejecutivo plantea una bonificación general del 50%, desde el 60% actual, para las rentas del alquiler, que podrá incrementarse en determinados supuestos.

Por ejemplo, para el alquiler de viviendas de protección que fijen un precio máximo de alquiler, la reducción adicional será del 10%, alcanzando en total el 60%. Mismo porcentaje para el alquiler de viviendas rehabilitadas en los últimos tres años, que impliquen un desembolso de más de seis meses de rentas.

«Con esta medida se incentiva las actuaciones de rehabilitación en viviendas destinadas al alquiler habitual, en el contexto del necesario impulso de la mejora y rehabilitación del parque de viviendas para cumplir los objetivos nacionales y europeos en la materia y las previsiones de inversión establecidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España», indica el documento.

La reducción alcanzará el 70% para el alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años y también se establecerá una bonificación, aún por determinar, para el alquiler de viviendas a inquilinos con ingresos reducidos. La cifra podría alcanzar hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

El documento presentado por el PSOE, hay un apartado específico para las llamadas zonas tensionadas, donde la falta de oferta se suma a otros factores para provocar el repunte de los precios. En estos ámbitos, la bonificación adicional puede alcanzar el 20% en el caso de viviendas que entren en el mercado del alquiler por primera vez, con el fin de ayudar a compensar la falta de oferta que caracteriza a estas zonas.

Además, se propone una reducción del 70% para los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social y que, hasta ahora, no podían beneficiarse de las reducciones sobre el rendimiento neto en el IRPF, al no ser los titulares de los contratos.

El PSOE ha propuesto establecer en la futura Ley una definición ajustada de lo que se considera mercado tensionado, así como definir los criterios para la consideración de gran tenedor de vivienda en estas mismas zonas. Estos criterios se basarían en factores como, por ejemplo, el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad, que deberá representar al menos el 1% de las viviendas principales en régimen de alquiler en la zona.

En el caso de las viviendas vacías, se proponen recargos de hasta el 50% en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que aplicarían los ayuntamientos. Algo que ya permite la norma pero que no se ha podido desarrollar de forma efectiva al no establecerse criterios claros sobre qué es en realidad una vivienda vacía.

Desde Unidas Podemos se considera que la propuesta del PSOE no sólo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que «además es antisocial al  promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas», indican fuentes de la formación morada. «Prueba de ello es que en base a esta propuesta, cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario mayor será el beneficio fiscal que reciba», insisten.

«La propuesta, además, no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre, que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda», explican.