Las prórrogas de los contratos de alquiler serán en bloque por un trienio

Así, la prórroga de los contratos de arrendamiento será obligatoria por un período de tres años, lo que en la práctica supone retornar a la situación del mercado antes de los cambios que el Ejecutivo anterior del PP introdujo en 2013. La diferencia es que se hará de una vez, es decir, el trienio entero y no anualmente como se establecía antes.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) lo establecía de manera expresa, de modo que el propietario del inmueble solo podía acabar con esa relación contractual pasados esos 36 meses extra. Para el inquilino, sin embargo, no existía tal obligación y tan solo debía notificar su marcha por anticipado una vez transcurrido el primer año de alquiler.

La otra novedad significativa respecto a los cambios anunciados el viernes por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es que quedan excluidos del ámbito del decreto las casas más grandes y también aquellas donde se pidan rentas mayores. En concreto, el límite de extensión son 300 metros y por encima no les afectaría el nuevo marco regulatorio. Respecto a los alquileres, estarán fuera los que superen cinco veces el salario mínimo interprofesional (SMI), de 900 euros a partir de enero -serían así 4.000 euros al mes por casa- y 735,9 en la actualidad.

Lo que se confirma es que no habrá, al menos a medio plazo, una regulación expresa de los precios máximos de los alquileres, pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sí lo incluyeron en su acuerdo de septiembre de cara al proyecto de Presupuestos del Estado para 2019. Por eso, desde la formación morada volvieron a advertirle este martes de que «o rectifica o no le vamos apoyar» con esas cuentas.

Sí menciona el decreto la influencia de los llamados pisos turísticos (también conocidos como vivienda vacacional) en el incesante encarecimiento de los alquileres en los últimos tres años. Y es que de una moderada alza del 2% en el cuarto trimestre de 2015, se ha pasado a una ocho veces superior en el tercero de 2018. En concreto un 16,1%, y eso encadenando ya siete trimestres con incrementos de dos dígitos.

Para Fomento, según especifica en la nueva normativa, el mercado se viene comportando de manera «desigual y heterogénea» en los últimos ejercicios, aunque admite que los incrementos de precios en el arrendamiento «han sido particularmente intensos en entornos territoriales de fuerte dinámica inmobiliaria». Y, además -reconoce también-, «caracterizados por una mayor actividad turística desarrollada sobre el parque de viviendas existente». En este sentido cita como ejemplos las provincias de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Baleares, Málaga y Santa Cruz de Tenerife.

El resto del decreto -que ahora irá al Parlamento- mantiene lo sabido desde el fin de semana, con una duración de cinco años para los nuevos contratos y haciendo recaer en el arrendador los gastos de inmobiliaria y formalización de los acuerdos si son personas jurídicas. Además, como aval solo se podrá pedir un máximo de dos meses más de fianza.