Podemos registra su plan para regular alquiler y penalizar casas vacías

Aunque desde el ala socialista del Ejecutivo insisten en que la Ley de Vivienda se aprobará, lo cierto es que el texto acumula meses de retraso, ante la negativa del PSOE de limitar los precios del alquiler por decreto.

Bajo este escenario, la propuesta presentada hoy en el Congreso, denominada 'Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada', contempla algunas modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, además de establecer objetivos como que en un plazo de 20 años los municipios con más demanda de vivienda dispongan de al menos un 20% de vivienda social.

Respecto al alquiler, la propuesta indica que se deben topar los precios en las zonas tensionadas (que podrán declararse así durante cinco años prorrogable uno más) a partir de determinadas condiciones, como que la rente media supere el 30% de los ingresos del inquilino. A partir de ahí, los ayuntamientos podrían fijar precios máximos de los alquileres a partir del índice de precios.

Otra de las propuestas más polémicas pasa por permitir a los ayuntamientos aplicar recargos sobre las viviendas vacías de los grandes fondos, además de establecer la prohibición expresa de los deshaucios sin alternativa habitacional en situaciones vulnerables, en una fórmula similar a la aplicada durante la crisis de la Covid-19.

«En este momento y con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla, sólo la negativa del PSOE impide que el Derecho a la Vivienda pase a estar protegido con todas las garantías», indican en un comunicado conjunto los impulsores del proyecto.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha afirmado este jueves en el Congreso que no existe un calendario para sacar adelante la anunciada Ley de Vivienda, sobre la que aún «hay aspectos por depurar y adaptar» y ha señalado que, en cualquier caso, esta norma no va condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.