El Gobierno subvencionará la compra de pisos destinados al alquiler público

Las viviendas públicas y sociales cuya adquisición haya sido financiada con cargo a las ayudas de este programa sólo podrán ser alquiladas o cedidas en uso a hogares cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM, como norma general (1.613,52 euros mensuales).

La orden ministerial también habilita ayudas para los inquilinos que se encuentren en situaciones más acentuadas de vulnerabilidad social y económica y que no puedan resolverse con las medidas aprobadas el 31 de marzo, entre las que se encuentran los microcréditos. Para estos casos, se concederán ayudas de hasta 900 euros al mes durante un plazo de seis meses.

Además, incorpora un programa de apoyo directo a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio o a otras especialmente vulnerables, que podrán contar con esa ayuda de hasta 900 euros al mes, a los que se pueden sumar otros 200 euros para gastos de suministros básicos.

A las personas en estas últimas circunstancias, es decir, a mujeres maltratadas, personas o familias desahuciadas, personas sin hogar y especialmente vulnerables, que lo requieran se les facilitará una vivienda pública o, en caso de que no se disponga, ayuntamientos y autonomías acudirían al mercado privado para alquilar los pisos o las habitaciones que se necesiten para ofrecer la solución habitacional que el Estado se compromete a prestarles.

El real decreto de medidas urgentes para paliar los efectos del Covid-19 habilita y obliga a las administraciones a buscar una solución habitacional, y si éstas no pueden ofrecer ninguna, pueden recurrir al mercado para buscar una vivienda.

De acuerdo con fuentes de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta medida «es muy sencilla» «y mucho más flexible para su aplicación por las comunidades autónomas», ya que, «en estas circunstancias urgentes de extrema vulnerabilidad determinadas por los servicios sociales» pueden recurrir, por ejemplo, a alquilar una vivienda, u ofrecer una habitación en un hotel y ello se puede pagar con las ayudas del plan estatal de vivienda.

A este respecto, el Gobierno ha ordenado adelantar 346 millones a las Comunidades Autónomas, a los que se sumarán otros 100 millones, para hacer frente a estas ayudas.