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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado este lunes que el plazo para cumplir su plan de alcanzar un 20% de vivienda pública en España es de «aproximadamente» 20 años, a través de herramientas como la que se aprobará este ... martes en consejo de ministros para destinar 50.000 viviendas de la Sociedad de GEstión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) a alquiler asequible.
La ministra reconoció en una entrevista en Onda Cero que de ese total de viviendas del conocido como 'banco malo', «14.000 ya están habitadas», además de recordar que estas nuevas se sumarán a las 20.000 que incluídas ya en el plan de vivienda social que el Ejecutivo presentó hace ahora dos años.
En total, el Gobierno prevé poner a disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas 21.000 viviendas, impulsar el alquiler social con esas 14.000 ya habitadas y promover la construcción de otras 15.000 en suelos disponibles de la Sareb.
El objetivo es rebajar la presión inmobiliaria que ha terminado con un brusco descenso de la oferta, disparando los precios y poniendo en serias dificultades a los futuros inquilinos. El problema del plan del Gobierno es que, precisamente en las zonas más tensionadas del país como Madrid y Cataluña, la presencia de la Sareb es más bien escasa para solucionar el problema.
En total, Sareb dispone de 46.542 viviendas, 14.202 obras en curso y 24.619 unidades de suelo. Y según sus propios datos públicos, actualmente cuenta con 2.709 viviendas en la comunidad de Madrid, y otras 339 calificadas como «obras en curso», además de 546 unidades de suelo. Por su parte, en Cataluña tiene 13.499 viviendas, 1.751 en proceso y 2.872 unidades de suelo. En la provincia de Barcelona cuenta con 6.997 casas y en otras zonas tensionadas del territorio nacional como Baleares y Málaga, posee 447 y 602.
Si solo se tiene en cuenta la vivienda disponible, habría unas 16.200 viviendas en Madrid y Cataluña. Un 32% del total que se prevé movilizar en el nuevo plan del Ejecutivo, frente al 70% que coparía el resto de comunidades.
Respecto al plan que el consejo de ministros aprobará mañana, aún persisten algunas dudas. El experto inmobiliario Eduardo Molet indica que la medida «se hace en un contexto de campaña electoral y la información que se aporta es poca. ¿Cuántas propiedades tiene en realidad la Sareb que se puedan usar para vivienda social? ¿Cómo se ejecutaría una medida así?«.
Sánchez ha evitado dar una cifra de lo que ha subido la vivienda pública en los últimos años, con su figura al frente del ministerio. Pero la realidad es que el parque de este tipo de vivienda en España está completamente abandonado desde hace años, quedando el país a la cola de Europa en vivienda pública y asequible.
Y más todavía en el mercado del alquiler. En concreto, en 2019 (últimos datos disponibles por el Ministerio de Transportes) apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas para alquiler.
Según las estimaciones, el parque de vivienda social se situaría en el 2,5%, con lo que debería subir en casi ocho puntos porcentuales para aproximarse a la media del 9,3% de la Unión Europea. Y mucho más para alcanzar cifras de más del 20% que registran países como Dinamarca o Austria o el 30% de Países Bajos (el que mayor porcentaje de parque destina a vivienda social).
Considerando únicamente las de titularidad pública, se puede estimar que en España existen 290.000 viviendas sociales (un 1,6% de los hogares), de las que 180.000 son de titularidad de las CCAA y 110.000 son de titularidad de los Ayuntamientos. «Se trata de una cifra muy alejada de los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019», reconocen en el último informe público desde el Ministerio comandado por Raquel Sánchez.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también se pronunció el lunes al respecto, indicando que desde que el Gobierno tomó el control de la Sareb ahora hace justo un año, «y ya que tenemos que asumir su deuda», la estrategia pasa por conjugar el interés financiero de los españoles y aprovechar sus activos«.
Según explicó en declaraciones a TVE, el Gobierno trabaja ya desde enero en hacer uso social y movilizar el suelo disponible del organismo, a través de acuerdos con ayuntamientos y comunidades y no solo para vivienda, sino para otro tipo de usos sociales, como hospitales o aparcamientos.
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