El Gobierno avalará a 450.000 inquilinos con 1.200 millones de euros para que paguen el alquiler

Según el importe medio que se asume que tendrán los préstamos que recibirán los inquilinos, el ministerio de Ábalos calcula que el volumen global del total de créditos a avalar por el Estado ascenderá a 1.200 millones de euros.

Ello implica que el ministerio calcula que cada crédito que pida cada inquilino será, de media, de algo más de 2.600 euros.

El ministro también ha avanzado que mañana pedirá al Consejo de Ministros que se eleve el techo de gasto de su departamento para hacer frente al coste de su plan de vivienda. En concreto, el Ministerio de Hacienda, a propuesta de Transportes, elevará mañana en el consejo de ministros un acuerdo por el que le autorizará a modificar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Del plan de apoyo a los inquilinos, el capítulo que implica adelantar o garantizar operaciones de endeudamiento con dinero público es el que se refiere a los microcréditos que se otorgarán a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y que tienen como caseros a pequeños propietarios (dueños de menos de diez viviendas).

Estos inquilinos podrán solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años sin costes y sin intereses. Como ocurre con los avales a empresas, los inquilinos pedirán los préstamos a entidades privadas, que contarán con el aval del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Fuentes de Transportes aclaran que la cantidad por la que se amplíe su techo de gasto no tiene por qué ser equivalente a los 1.200 millones de euros que se prevé que cuesten los avales a los inquilinos, puesto que el Ministerio cuenta con recursos.

Los inquilinos de grandes tenedores recibirán por parte de sus arrendadores bien una quita del 50% del precio del alquiler, bien una moratoria en las rentas.

Ábalos también se ha referido a la última orden ministerial que su departamento publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado. En su intervención ha aclarado que esta orden posibilita a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que busquen en el mercado una solución habitacional a víctimas de violencia de género, a personas desahuciadas o a aquéllas en una situación de especial vulnerabilidad, si no disponen de una de titularidad pública para proporcionarles a estos colectivos. A este fin, ha dicho, destinará 100 millones de euros, lo que desmiente, según expresó, que el Gobierno busque ninguna expropiación de viviendas.

Las ayudas que se otorgarán a estas personas serán de, como máximo 900 euros mensuales, para pagar el alquiler de las viviendas que se les proporcionen, a los que se podrían sumar otros 200 euros al mes para que puedan hacer frente al pago de los suministros básicos.