El IEE cuestiona la constitucionalidad del control de precios del alquiler

«Este tipo de medidas tiene un dudosos encaje constitucional, como ya se ha visto en sentencias anteriores del Tribunal», ha explicado Gregorio Izquierdo, director general del IEE, durante la presentación del informe 'La propiedad privada en España', elaborado por la institución.

Según explica Izquierdo, aunque no se lleguen a aprobar medidas como el control del precio de los alquileres a través de la intervención directa del Estado, como pretende Podemos frente a la propuesta de incentivos fiscales del PSOE, el daño ya está hecho. «Lo más grave es que ya han creado desconfianza e inseguridad jurídica», asegura.

Es decir, advierte del riesgo de que fondos y grandes inversores dejen de considerar atractivo el mercado inmobiliario español ante el riesgo legal que implica. Un mercado que, según el informe del IEE sigue a la cola de Europa en derecho de la propiedad privada, situándose en el puesto 26 entre 36 economías desarrolladas analizadas bajo este concepto.

El think tank de la CEOE cree que, para incentivar precios asequibles de los alquileres y aliviar las zonas más tensionadas, el Ejecutivo debería seguir más la línea de incentivos fiscales por los que aboga el PSOE en sus negociaciones con Podemos para cerrar antes de que acabe marzo la futura Ley de Vivienda. «La experiencia de los alquileres regulados nos indica que, al final, se reduce la oferta de inmuebles, lo que termina incrementando los precios de los contratos», indica Izquierdo.

«Si queremos aumentar la oferta , debemos aumentar la seguridad jurídica y establecer incentivos fiscales adecuados», insiste Izquierdo. Pero cuidado. No todas las propuestas del PSOE, entre las que destaca deducciones de hasta el 90% del IRPF a los propietarios que rebajen en más de un 10% el precio de sus contratos, valdrán para estimular el sector.

«La clave está en establecer un marco regulatorio simple, estable y predecible, que no genere un tratamiento asimétrico entre arrendador y arrendatario», insisten. En este sentido, sí abogan por que esos incentivos fiscales se trasladen a la iniciativa privada a través de la construcción de vivienda para alquilar, así como mediante la habilitación del suelo público disponible. «Por otro lado, también se puede abordar la promoción de vivienda social mediante esquemas de colaboración público-privada que aseguren un gestión eficiente y un menor coste para el sector público», explican.

Los economistas critican también las políticas emprendidas por el Gobierno en materia de desahucios. «También quebrantan la seguridad jurídia y la propiedad privada, lo que a su vez implica un riesgo para los precios de los contratos, tanto de arrendamiento como de crédito, y promueve la cultura del incumplimiento», indican. «Por no hablar de los nefastos efectos sobre el aumento de la morosidad o problemas con mafias delictivas que generan mercados sumergidos», añaden.

En esta línea, alertan de que la penalización a los grandes tenedores de vivienda también supone una seria barrera de entrada para la inversión exterior, así como para «la profesionalización e institucionalización de este sector». Por eso, también consideran «contraproducente» el impuesto sobre Patrimonio, asegurando que supondrá un factor de estímulo para la deslocalización de las inversiones hacia otros países.