Las ventajas fiscales de Madrid animan la fuga de fortunas de Castilla y León

El estudio arroja otros resultados, como que «algunas variables sociodemográficas, o relacionadas con las oportunidades que las comunidades ofrecen a los individuos, también son relevantes para explicar las decisiones de localización», pero que, sin embargo, «las diferencias en el gasto público en los servicios fundamentales no influyen en la elección de la comunidad de residencia».

Desde 1997, explica el estudio, las comunidades tienen competencias en algunos impuestos y las han utilizado enseguida y de manera amplia en los indirectos, como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, los tributos sobre el juego o, más recientemente, el Impuesto sobre Hidrocarburos; pero no tanto en los impuestos directos, con la excepción de Sucesiones y Donaciones. La regulación de las tarifas autonómicas en el IRPF, por ejemplo, no se generalizó hasta la irrupción de la crisis. «La descentralización tributaria puede venir acompañada de desplazamientos de los individuos entre regiones para beneficiarse de la política tributaria más ventajosa, especialmente si esta no viene acompañada de una reducción significativa de los servicios públicos que se reciben a cambio», señalan los autores.

En su opinión, «la competencia fiscal es un subproducto, seguramente inevitable, de un modelo de asignación de tributos entre niveles de gobierno genuinamente federal». «Pero –argumentan los economistas–, como es sabido, las decisiones tributarias, tomadas por gobiernos descoordinados, pueden implicar la aplicación de tipos impositivos ineficientemente bajos, así como afectar a la distribución de la renta, entre otras externalidades. En España, esos problemas están amortiguados en el IRPF, ya que las comunidades solo pueden ejercer sus competencias sobre el impuesto autonómico, de tal manera que está garantizada una tributación mínima común en el IRPF estatal y, en consecuencia, también un mínimo de redistribución nacional de la renta con ese impuesto. Sin embargo, el IP y el ISD están descentralizados totalmente a las comunidades, por lo que sus respectivos tipos de gravamen dependen en exclusiva de la legislación regional».

Para evitar que la competencia fiscal acabe por provocar la desaparición de estos impuestos, y si se pretende que continúen cumpliendo un papel redistributivo de la riqueza, «debería introducirse algún límite a la reducción de los tipos de gravamen de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones que garantizara un mínimo de tributación común en todo el Estado».

Tras analizar datos relativos a la evolución de los declarantes de impuestos como el IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio (entre los años 2006 y 2012), así como otras variables como el atractivo residencial –precios de la vivienda–, gastos relacionados con el estado de bienestar –educación, sanidad y servicios sociales– y perfiles sociodemográficos –estado civil, edad avanzada o no de los declarantes y número de descendientes, si los tienen–, los autores llegan a una conclusión clara. Cinco comunidades mantienen un saldo positivo en su diferencia entre entradas y salidas de contribuyentes de renta alta en el período analizado: Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Madrid. Esta última se erige como la auténtica campeona:el 59,3% del total de migraciones tiene como destino la comunidad de Madrid y el 45,6% de las migraciones a Madrid tiene como lugar de origen dos comunidades que no limitan geográficamente con ella: Andalucía y Cataluña. La siguiente comunidad en recibir contribuyentes ricos es la Valenciana, con el 8,7%.

Los declarantes de Patrimonio, proporcionaron a las arcas autonómicas de Castilla y León 34,3 millones en 2014, frente a los 44,1 millones de un año antes, lo que llevó a la Junta a anunciar un plan de lucha contra el fraude tributario para investigar a los ciudadanos de rentas elevadas que viven en Castilla y León pero cambian su domicilio fiscal a otras autonomías, en especial a Madrid, para no tributar por este impuesto. La Consejería de Economía y Hacienda incluso localizó «a un número de contribuyentes», pero se topó con el problema de demostrar que el cambio de domicilio es ficticio, algo «inviable sin la asistencia de la Agencia Tributaria».

En estudio de López Laborda y Rodrigo Sauco cuantifica en 397 los contribuyentes del último centil que se marcharon de Castilla y León en los seis años analizados. De ellos, 270 tomaron dirección Madrid, comunidad que, gracias a sus excepciones fiscales, atrajo a 2.642 ricos, más de la mitad de los 4.457 que se desplazaron de una comunidad a otra de España. Mientras, todo hay que decirlo, en ese periodo llegaron a Castilla y León 115 ricos, 71 de ellos, madrileños.