Los vecinos morosos adeudan 73 millones en Castilla y León y uno de cada cinco es de los bancos

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que hoy clausura en Madrid su XXI Congreso Nacional, acaba de poner sobre la mesa una propuesta para el debate con el fin de acabar, o al menor combatir este problema. Se trata de promover medidas específicas, tales como «el establecimiento de intereses superiores al interés legal del dinero en el tiempo en que un propietario sea moroso, siempre que no sean abusivos o desproporcionados».

El interés legal del dinero (con los tipos del BCE al 0%) lleva tres años en el 3%, según la información del Banco de España. Al comienzo de la crisis, en 2008, se situaba en el 5,50%.

La morosidad en las comunidades de propietarios, un problema que el abismo económico al que se asomó España disparó hasta niveles nunca vistos, tocó techo en 2014 (en el caso de Castilla y León, ya que en el conjunto del país lo hizo un año después), con una deuda total acumulada de 84 millones de euros. Desde entonces ha encadenado tres ejercicios de descensos.

Al cierre de 2017, la morosidad en las comunidades de vecinos se situó en la región en 72,98 millones de euros, casi tres menos que los 75,90 del ejercicio anterior. La tasa de disminución, del 3,85%, es prácticamente idéntica a la registrada en toda España, del 3,88%.

Con todo, conviene no pasar por alto que la reducción que se produjo en el año previo (2016 frente a 2015) fue de más del doble, en concreto del 8,6%.

El balance elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas informa de que el nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios de España disminuyó en el ejercicio 2017 hasta quedar fijado en un importe de 1.601,23 millones de euros, casi 65 millones menos que un año antes.

Mientras que antes de la crisis era relativamente sencillo 'catalogar' al moroso de la escalera en uno de sus dos 'perfiles', ya que los retrasos en los pagos se debían bien a la penuria económica o a la mala fe, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria surgió el tercero y más temido, o al menos, más ultrajante. La morosidad de las entidades financieras que se quedan con viviendas procedentes de la quiebra de promotoras y de embargos de particulares se ha convertido en un elemento más del paisaje en no pocos vecindarios españoles. Castilla y León no es excepción y lo sufre incluso un poco más que la generalidad, según los datos de los administradores.

Mientras la deuda de los bancos en todo el país ascendía a 317,12 millones en 2017, lo que supone el 19,80% del total, tras disminuir el 4,13% en doce meses, en la comunidad autónoma alcanzaba los 14,83 millones, o el 20,32% del total. Su descenso es también al de la media nacional, en concreto del 3,22%.

En su congreso nacional, los administradores de fincas colegiados han presentado una propuesta para la aprobación de una nueva Ley de Propiedad Horizontal que establece, para combatir la morosidad en las comunidades de propietarios, la fijación de intereses superiores al interés legal del dinero en el tiempo en que un propietario sea moroso, siempre que no sean abusivos o desproporcionados.

Proponen también «que se reclame al adquirente de un inmueble el importe adeudado por morosidad de todos los gastos comunes y del fondo de reserva que correspondan a la parte vencida del año en curso y a los cuatro años naturales inmediatamente anteriores a su transmisión del inmueble».

Recuerdan, además, que el comprador de un inmueble debe de exigir al vendedor el certificado de deudas con la comunidad de propietarios. «Si el comprador renuncia a ello, implicará que en el caso de existencia de deudas comunitarias la responsabilidad del pago corresponderá a vendedor y comprador, y alcanzaría el total de la deuda anterior a la fecha de la transmisión del inmueble».

Para los administradores, es necesaria una nueva Ley de Propiedad Horizontal para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios, porque aunque los datos muestran una disminución de lo que se adeuda, aún el 38,43% de las comunidades de propietarios de España tienen morosos, y el porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras tienen pagos pendientes alcanza al 7%. Algo que se convierte en aun más sangrante cuando se tiene en cuenta que suponen prácticamente la mitad de las comunidades en las que los bancos tienen alguna vivienda en propiedad, ya que estas representan el 15,95%.

Más del 90% de la población reside en edificios, urbanizaciones o conjuntos de viviendas adosadas donde existen servicios y gastos comunes. En un momento en el que la rehabilitación está a la orden del día alentada por obligaciones como la de pasar la Inspección Técnica de Edificación (ITE), el último dato aportado por los administradores de fincas, el que dice que el importe medio de la morosidad en cada comunidad de propietarios asciende a 1.065 euros, cobra una dimensión capaz de descabalar cualquier presupuesto y agravar cualquier posible derrama.