salvador arroyo
Corresponsal en Bruselas
Domingo, 6 de diciembre 2020, 00:20
No hay una fecha que marque con precisión quirúrgica el momento en el que la Comisión Europea asumió que tendría que mantener abierta la barra libre del gasto también en 2021. Durante la primera sacudida del coronavirus, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, se mostraba ... reacio a concretar cuándo se retomaría el debate para restablecer las normas del pacto de estabilidad y crecimiento.
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Y con la segunda ya ha dejado claro no sólo que ese momento aún no ha llegado, sino que tardará en llegar. De hecho, los presupuestos nacionales del próximo ejercicio se construyen bajo la premisa de que las reglas de déficit y endeudamiento seguirán diluidas. El mensaje es claro: medidas fiscales expansivas elegidas «con cuidado», pero orientadas a impulsar «el crecimiento» en un contexto postpandemia.
La 'cláusula de escape' es como se conoce a este mecanismo de liberación para los Estados. A diferencia de lo sucedido en la anterior crisis, con la pandemia se les anima a proyectar sus políticas ignorando un techo de déficit del 3% y un endeudamiento en el entorno del 60% del PIB. Fue el primer botón que pulsó el Ejecutivo de Ursula von der Leyen para atenuar los efectos de la pandemia. Y cumplido el primer año de su mandato, parece claro que será uno de los últimos en desactivarse para conseguir una evolución postcoronavirus con trazo de raíz cuadrada: consumado el gran desplome, con rebote parcial y recuperación lenta aunque sostenible.
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Fue el 20 de marzo cuando la Comisión Europea acordó formalmente proponer la activación de esta salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tras su aprobación por el Consejo, permite a los Estados adoptar medidas para hacer frente a la crisis de forma adecuada «apartándose de los requisitos presupuestarios que se aplicarían normalmente en virtud del marco presupuestario europeo», se señala. Según los propios cálculos del Ejecutivo comunitario, este paraguas ha permitido articular medidas de respuesta contra la covid-19 por un valor superior a los 575.000 millones de euros de un arsenal total movilizado hasta la fecha que alcanza los 4,2 billones, una cifra que representa más del 30 % del producto interior bruto de la UE .
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El programa SURE que da cobertura a las ayudas estatales para los ERTE y autónomos, ha abierto el camino al 'endeudamiento solidario' en la UE. La Comisión ha realizado en menos de un mes tres emisiones de deuda en el mercado de capitales para cubrir un fondo que ascenderá a 100.000 millones de euros. Todas se han cubierto con gran demanda. Hasta la fecha ha captado 39.500 millones de euros. España ha recibido ya 7.000 millones, una pequeña parte de los 21.000 millones de euros que le corresponderán con este programa.
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Esta fórmula de endeudamiento se reproducirá a una escala muy superior cuando obtenga autorización para buscar los 750.000 millones del plan de recuperación –en estos momentos bloqueado por Polonia y Hungría– conocido como 'Next Generation EU'. De acuerdo con las normas fijadas para la histórica operación, el reembolso del capital prestado debería completarse antes del 31 de diciembre de 2058. El Ejecutivo de Von der Leyen estima que la inversión movilizada con este plan aumentará los niveles del PIB real de la UE en aproximadamente un 1,75% en 2021 y 2022, llegando a un 2,25 % en 2024. «Esta oleada de inversiones creará hasta 2 millones de puestos de trabajo de aquí a 2022», defiende.
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Dada la «gran perturbación» que sufre la economía, la otra tecla que pulsó Bruselas fue la que flexibiliza las normas de las ayudas estatales. Un marco temporal que contempla subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos. Los Estados miembros podrán establecer regímenes de asistencia para conceder hasta 800.000 euros a una empresa a fin de hacer frente a sus necesidades urgentes de liquidez. También se autoriza a que ofrezcan garantías para que los bancos sigan concediendo préstamos a los clientes que los necesiten; la concesión de préstamos directos a las empresas con tipos de interés reducidos; o la posibilidad de otorgar salvaguardias a los bancos que canalizan la ayuda estatal a la economía real (dejando siempre claro que las ayudas son a los clientes, no a las entidades). Este conjunto de medidas habrían supuesto hasta la fecha 3,045 billones de euros. Pero con un impacto desigual.
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Porque tienen que ver con el margen presupuestario de cada Estado. Y aquí Alemania, hace apenas un mes, se destacaba como el que había concentrado el 52% del valor total de los subsidios entregados a sus empresas. Desde que estalló la pandemia, la Comisión Europea ha dado luz verde a más de 320 planes nacionales de ayudas públicas excepcionales. Más de la mitad las ha firmado el gobierno de Angela Merkel; el 15% Italia, el 14% Francia y en torno a un 5%, España.
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La ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en el marco de la crisis provocada por la pandemia asciende a 240.000 millones y tiene la condición de 'precautoria'. Se trata de una oferta de préstamos a devolver en 10 años con un tipo de interés del 0,115% que la Comisión computa como 'salvavidas' en este primer año de mandato de Alemania. El matiz está en que ninguno parece querer utilizarlo. Los 1,350 billones del fondo de emergencia contra la pandemia (PEPP) del Banco Central Europeo han sido claves para la estabilidad de la deuda pública. «Los tipos de interés de nuestra deuda están en niveles bajos récord», destacaba esta misma semana la vicepresidenta Nadia Calviño. España podría utilizar hasta 24.000 millones para financiar «costes directos e indirectos» provocados por el patógeno.
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La ComisiónEuropea también ha movilizado 70.000 millones de euros directamente con cargo al presupuesto de la UE para apoyar los sistemas sanitarios, la investigación, las pyme y a socios exteriores de la UniónEuropea. Además, en este primer año se ha habilitado un fondo de 200.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones (que con los programas del MEDEy el destinado a los ERTE completan la llamada 'triple red de seguridad'). Supone más del doble de lo que el BEI facilitó en todo 2019, alrededor de 63.000 millones de euros.
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