Uber y Cabify solicitan al Defensor del Pueblo que proteja sus derechos

El Ministerio de Fomento tiene intención de traspasarles las competencias sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC) en régimen de alquiler, negocio dominado por las plataformas Uber y Cabify, pero no está claro que las comunidades lo acepten sin más. De hecho, desde Valencia y Madrid, entre otras, ya han pedido que antes «solvente el conflicto actual».

Los taxistas, que demandan la aprobación de una segunda licencia para los VTC que dependa de las autonomías o las corporaciones locales -Barcelona y Madrid la respaldan-, ven «insuficientes» las promesas del Ministerio si no cuentan con el aval por escrito precisamente de esas mismas administraciones. Tampoco tienen claro que los cambios normativos que el Ejecutivo prevé aprobar a mediados de septiembre sean luego refrendados por el Parlamento, dada su minoría.

Por eso desde la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) advirtieron en las últimas horas que sería «irresponsable» dejar la huelga sin garantías de Fomento. Respondían así al llamamiento del ministro José Luis Ábalos para recuperar «la tranquilidad y la normalidad», dejando los paros porque «prestan un servicio público» y para preservar «los derechos de los ciudadanos».

Al respecto la patronal de las compañías de VTC, Unauto, pidió también este martes al Ministerio tras reunirse con sus responsables que no actúe «al dictado del taxi», tras rechazar que transfiera competencias porque «generaría una gran inseguridad jurídica». También se quejaron de haber sufrido «más de 160 ataques a vehículos y conductores», incluso con heridos, durante la huelga.

A la vez, la asociación que representa a Uber y Cabify ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que «en los próximos días» se podría consumar «una gravísima lesión de derechos fundamentales». De un lado, dicen que las «presiones y amenazas» de taxistas a sus conductores obstaculizan su derecho constitucional al trabajo. Y por otro, porque si los poderes públicos propician la revocación de permisos de VTC «atentarían contra la tutela judicial» y supondría una «expropiación».