Varapalo de Estados Unidos a Iberdrola en su intención de desarrollar un gran gigante energético en ese país con la compra de la compañía PNM Resources. Era el objetivo de la corporación presidida por Ignacio Galán para impulsar su crecimiento en ese mercado a través ... de su filial Avangrid. Pero el regulador de Nuevo México, el Estado de cuyas autorizaciones dependía de este movimiento, ha vetado esa compra.
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Además, ese organismo regulador ha negado esa operación de forma unánime por parte de los cinco miembros de la comisión, que han considerado que los riesgos del acuerdo superan los beneficios anunciados ante los contribuyentes estatales. Tras conocer esta decisión, las acciones de Iberdrola han ido cediendo posiciones en la Bolsa durante toda la jornada, hasta caer finalmente un 1,44%. Las de PNM retroceden este jueves un 3%, aunque la semana pasada ya vaticinaban este veto con caídas diarias de hasta un 6% en Wall Street.
Los reguladores han mostrado sus advertencias por los posibles conflictos de intereses en la estructura corporativa de la energética así como el historial de Avangrid con los servicios públicos en esa zona de EE UU. Pero, además, han destacado sus preocupaciones éticas y de carácter de gobierno corporativo, como indican algunos documentos elaborados por la comisión. Esos textos coinciden con la instrucción de la causa en torno a los contactos con Villarejo en la que Iberdrola se encuentra inmersa. De hecho, la semana pasada la Audiencia Nacional citó para el próximo 18 de enero al propio Galán, junto a otros exdirectivos de la compañía, para declarar como investigados en la causa que investiga los supuestos encargos al excomisario (entre 2004 y 2017) para espiar a otros empresarios de la competencia.
Desde Iberdrola, a través de Avangrid, se muestran «decepcionados» por la decisión del regulador de Nuevo México. La filial estadounidense indica en un comunicado que están «evaluando los próximos pasos que tenemos por delante». El consejo de la firma abordará en los próximos días si recurre judicialmente esa decisión regulatoria (ante el Tribunal Supremo de Nuevo México); o si reformula la compra con nuevas condiciones adaptadas a las exigencias legales.
En cualquier caso, Iberdrola ha sufrido un revés en su gran operación en un mercado como el de EEUU, que suponía un valor de empresa implícito de aproximadamente 8.300 millones de dólares (unos 7.007 millones de euros), considerando una deuda neta más ajustes de aproximadamente 4.000 millones de dólares (unos 3.377 millones de euros). La adquisición suponía la creación de una de las mayores compañías del sector norteamericano, con diez eléctricas reguladas en seis Estados (Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo México y Texas) y el tercer operador de renovables del país, con una presencia total en 24 Estados. Desde Iberdrola recuerdan que la operación había contado ya con el visto bueno en todos los anteriores permisos de distintos organismos.
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Desde PNM consideran que no se han tenido en cuenta «los méritos de los acuerdos alcanzados por las partes y también se rechazó la solicitud de escuchar argumentos orales», en palabras de su primer ejecutivo.
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