Los transportistas convocan una nueva huelga indefinida desde el lunes próximo

La asociación, que toma su decisión con un 86% de votos a favor, denuncia el incumplimiento por parte de los cargadores (clientes de los transportistas) de la ley de costes acordada con el Gobierno la pasada primavera tras 20 días de intensa movilización, y que prohíbe a los camioneros trabajar a pérdidas. Manuel Hernández, el líder de la asociación y cara visible de la reinvidicación de marzo, ha denunciado el incremento de costes que sigue sufriendo los transportistas y que cifran en un 30%. Una situación que, según estima, «ha provocado que cada mes desaparezcan entre 200 y 250 empresas del sector».

La plataforma que dirige no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es la organización con la que oficialmente negocia el Gobierno. Y ahí reside una de las claves del conflicto. Porque el Ejecutivo ha insistido siempre en negociar con los representantes legales del sector, elegidos periódicamente, y no con la Plataforma. Sin embargo, su líder, Hernández recordó que ellos representan a multitud de camioneros autónomos y pymes, por lo que su capacidad de presión es innegable. «La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir», señaló Hernández.

La cadena alimentaria no ha tardado en reaccionar ante el temor a que la conflictividad vuelva a las carreteras, centros logísticos y puertos como en la anterior huelga. Y las principales patronales y asociaciones representantes del sector reclamaron al Gobierno «seguridad y garantías» para el abastecimientode productos y materias primas, así como para aquellos que quieran seguir trabajando durante los días que dure la huelga.

«Somos un sector esencial y estratégico y ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea», indican en un comunicado firmado de forma conjunta por las asociaciones COAG y UPA, junto a AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración.

Los nuevos paros se producen después de las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas (CNTC). Entre ellas, destaca esa ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, entre otras.

Fuentes del Ejecutivo admiten que se encuentran «atentos» a la evolución de los acontecimientos a una semana vista del inicio de la protesta. Además, insisten en que el Gobierno ha cumplido con lo acordado, una ley que prohíbe trabajar a pérdidas y ha puesto en marcha ayudas por 1.000 millones de euros. «Han mejorado las condiciones del transporte», destacan estas fuentes gubernamentales, «y, si hay irregularidades, se deben denunciar». Circunscriben el problema a un conflicto interno entre grandes plataformas y pequeños transportistas, pero indican que no pueden hacer más legalmente para solucionarlo.

Poco antes de hacer pública la convocatoria de huelga, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, reconocía su «preocupación» ante otra posible huelga en el sector del transporte y apelaba a la «responsabilidad» del colectivo para que no convoquen paros de nuevo.

«Estamos haciendo un seguimiento y pendientes del resultado de las votaciones», ha señalado la ministra, que ha asegurado que el Gobierno «ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte». Por ello, y tras ofrecer diálogo para «reconducir» los «pequeños desajustes» que puedan existir, ha hecho un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el «momento complejo» actual.

La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.