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El Gobierno está decidido a frenar el paro en el transporte que desde el lunes ha convocado de forma indefinida la Plataforma en Defensa del Transporte, la misma que bloqueó la cadena de distribución en España el pasado mes de marzo. Esta misma mañana convocó « ... de forma inmediata» a los representantes de la Plataforma para negociar y tratar de paralizar la huelga, según confirmaron a este periódico ambas partes.
Pero la reunión no tuvo el éxito esperado y el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, aseguró a las puertas del ministerio que el paro «seguía adelante» después de que el Gobierno no se haya comprometido en firme con sus peticiones. Exigió bajo un acuerdo firmado y por escrito un aumento del número de inspectores y que el importe de las sanciones a los infractores sea «ejemplar».
Y la posición del Gobierno no les llegó a convencer, pese a que el ministerio prometió aprobar en las próximas semanas el 'Plan de inspección 2023' para controlar que se cumplen las nuevas leyes en el sector respecto a precios, cargas y morosidad. Un aspecto que hace solo unos días la ministra del ramo, Raquel Sánchez, había instado a los propios transportistas a denunciar si se encontraban con este tipo de infracciones. En un comunicado, el ministerio asegura a los transportistas que no trabajarán por debajo de sus costes.
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Además, les recordaron las medidas puestas en marcha este año en beneficio del sector, como las ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión, 1.000 para las furgonetas) o los 20 céntimos de bonificación por litro de carburante. Por ello, pidieron a la Plataforma «recapacitar y desconvocar» un paro que, aseguran, «no beneficia a nadie» ni dentro ni fuera del sector, y que ha sido rechazado de forma unánime por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
Ante la grave situación que se vivió en marzo, esta vez el ministerio accedió a reunirse con los transportistas convocantes de los paros mucho antes que en esa ocasión ya que las protestas provocaron incluso el desabastecimiento de ciertos productos en los supermercados. Entonces la ministra Sánchez solo tomaba como interlocutor al Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que tanto entonces como ahora rechazaban la protesta de los camioneros.
Finalmente la Plataforma consiguió una reunión con la ministra y días después los paros se fueron diluyendo y la protesta decayó. Fuentes de la Plataforma explican que durante estos ocho meses se han vuelto a reunir en alguna ocasión pero sin la presencia de la ministra. Este jueves tampoco estuvo presente Raquel Sánchez, quien se encontraba en Baleares firmando un protocolo.
Su objetivo es denunciar la falta de cumplimiento de la ley que prohíbe al sector trabajar a pérdidas y que se aprobó en verano tras las protestas que duraron 20 días y que llegaron a colapsar buena parte de la distribución por carretera del país. Ahora además coincide con la temporada de mayor consumo ya que el paro comenzará a las 12 de la noche del domingo al lunes, a pocos días del Black Friday (25 de noviembre), el pistoletazo de salida a las compras para Navidad.
Esta reunión llegó solo 24 horas después de que la mayoría de asociaciones de transportistas hayan rechazado la huelga prevista a partir del lunes. Este miércoles Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), quien representa a 32.000 pymes y autónomos del sector con más de 60.000 vehículos, decidió de forma unánime no secundar la protesta. Esta asociación, en cambio, sí había apoyado en marzo los paros que lideró Manuel Hernández, presidente de la Plataforma del Transporte por Carretera, lo que complicó muchísimo la situación y tensionó enormemente la cadena de distribución.
El rechazo llegó este miércoles también por parte de la patronal de empresarios (CEOE), los autónomos (ATA) y la confederación de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme). En un comunicado conjunto las tres organizaciones expresaron su oposición al paro al entender que «solo agravará la difícil situación económica» en la que ya se encuentran las empresas y la población.
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