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El Ministerio de Trabajo revisará las aplicaciones informáticas para detectar problemas en la gestión de las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre las que se encuentran los ERTE.
El departamento dirigido por Yolanda Díaz, a través de la Dirección General del SEPE, ... ha adjudicado al grupo GFI Informática un contrato por valor de 257.857 euros para monitorizar y analizar las aplicaciones informáticas de este organismo con el fin de detectar problemas que afecten a su rendimiento, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plazo de ejecución de este contrato será de 24 meses, aunque podrá ser prorrogado, sin que la duración del mismo, incluidas las prórrogas, exceda de cinco años.
La plantilla del SEPE, con apenas 8.000 trabajadores, afronta en esta pandemia una carga de trabajo que nunca antes habían tenido, ya que han de abonar las prestaciones que ya tenían antes de esta crisis y a ellas se suma la avalancha de ayudas que se han aprobado, como son el subsidio a los más de 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar afectados por un ERTE, los nuevos parados y la nueva ayuda a las empleadas del hogar y trabajadores temporales, entre otros.
Esta carga de trabajo ha provocado a lo largo de estos meses muchos retrasos en los pagos de las prestaciones, según han denunciado los sindicatos, así como numerosos errores en su cuantía, en ocasiones ingresando más dinero del que debería recibir el beneficiario.
Además, las aplicaciones y los sistemas informáticos tiene una antigüedad media de treinta años, lo que provoca estas deficiencias en la gestión y dificultan una tramitación más ágil de las prestaciones por desempleo, según denuncia CSIF.
El sindicato exige al Gobierno que acometa una reforma estructural y en profundidad de los sistemas y aplicaciones informáticas del SEPE, «obviando la política de parches que se desarrolla en el organismo, con una decidida apuesta en inversión tecnológica, habida cuenta de las múltiples incidencias en la gestión de las prestaciones por desempleo».
A día de hoy, miles de personas afectadas siguen pendientes de regularizar sus prestaciones, muchos de ellos en una situación de una gran vulnerabilidad, advierte CSIF, que insiste en la necesidad de reforzar las plantillas, ya que han perdido 3.400 efectivos en la última década.
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