La subida del salario mínimo, el penúltimo choque económico en el Gobierno

La subida del SMI se ha convertido en el último caballo de batalla entre los departamentos que defienden un alza, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como abanderada, y los que prefieren mantener la prudencia en un momento de dificultad económica para las empresas, como ha indicado recientemente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ayer mismo, mientras en el Ministerio de Trabajo se mantenía una primera reunión con los agentes sociales para negociar un acuerdo para subir este indicador, la ministra portavoz, María Jesús Montero, pidió «prudencia» y abogó por tener «muy presentes las circunstancias» económicas actuales para tomar estas decisiones, ya que el objetivo es «seguir impulsando el crecimiento económico y conteniendo el aumento del paro».

Lo que sí aseguró de forma «rotunda» Montero en rueda de prensa es que el Gobierno mantiene vigentes los compromisos laborales recogidos en el acuerdo de investidura, entre los que, además de elevar el salario mínimo al 60% del salario medio a final de legislatura, está la derogación de la reforma laboral, otra cuestión que divide al Ejecutivo. Es más, la polémica saltó la semana pasada al enfriar el propio presidente, Pedro Sánchez, la contrarreforma al condicionarla a que haya acuerdo social. Los compromisos del Gobierno cuando menos se retrasan y así lo dejó entrever Montero, ya que volvió a pedir «prudencia» a la hora de ponerlos en marcha para «acompasarlos al momento económico y no provocar efectos no deseados». Y puso de ejemplo también que se hayan retrasado algunas medidas en materia fiscal.

Las pensiones es otro tema que está provocando tensiones en el seno del Gobierno. A Unidas Podemos no le ha gustado nada la propuesta que hizo Escrivá de ampliar a 35 años el periodo de tiempo para calcular la pensión, ya que supone, casi siempre, una cuantía menos generosa. Y esto parece ser solo la punta del iceberg de más desencuentros que puede haber en lo que atañe a la reforma del sistema de Seguridad Social que se pretende acometer el próximo año.

También han saltado chispas en la coalición alrededor de la paralización de los desahucios. Unidas Podemos pactó con ERC y Bildu la inclusión de una enmienda en los Presupuestos para prorrogar y ampliar la paralización de los lanzamientos para que su duración coincida con la del nuevo estado de alarma (en principio, hasta el 9 de mayo de 2021). El acuerdo al que llegaron Unidas Podemos y el PSOE para adoptar medidas en un plazo de quince días llevó a una retirada 'in extremis' de la enmienda, pero sigue sin aprobarse. Los ministerios de Economía y de Justicia exigen una compensación a los grandes tenedores de vivienda afectados por el retraso del lanzamiento hasta que los servicios sociales encuentren una alternativa habitacional al inquilino, pero Unidas Podemos se niega y pide que los grandes propietarios arrimen el hombro en esta crisis.

La última cuestión que ha provocado roces ha sido la de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas). Y lo hizo ayer, mientras los ministros estaban reunidos. Unidas Podemos se quejaba de lo que considera una «negativa reiterada» del Ministerio de Transición Ecológica a prohibir la suspensión. «No podemos hablar de vivienda digna si no garantizamos agua, luz y gas a las familias», destacan en el partido morado. Su propuesta es prolongar la prohibición de los cortes mientras dure el estado de alarma para garantizar «condiciones dignas» en las viviendas. Ya en la rueda de prensa, Montero aclaró que la intención del Ejecutivo pasa por aprobar una prohibición de los cortes «ampliándolos» a los colectivos sociales vulnerables «incluso a los que no sean los beneficiarios del bono social» eléctrico.