Los sindicatos piden que se pueda paralizar la actividad de empresas que no garanticen la seguridad contra la Covid-19

En la actualidad, según ha descrito Linares, dado que la autoridad sanitaria es la que tiene el mandato sobre las cuestiones relacionadas con la pandemia, la inspección de trabajo considera que no tiene competencias para tomar medidas de este tipo. La inspección laboral se limita a verificar que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales y transmite la información a la autoridad sanitaria, que no tiene medios suficientes para actuar.

De ahí que Ana García de la Torre, secretaria de salud laboral y medio ambiente de UGT, también se haya mostrado partidaria de habilitar a la inspección laboral para que, momentáneamente, pueda paralizar el trabajo en las empresas que hagan inobservancia de las medidas de seguridad. «Es un riesgo laboral y entendemos que la inspección laboral tendría competencias», ha afirmado García de la Torre.

La secretaria de salud laboral y medio ambiente de UGT ha afirmado que la vuelta al trabajo «debe hacerse protegiendo la seguridad». «Si no se puede garantizar la distancia social de dos metros, medidas higiénicas y los equipos de protección individual en las actividades donde no se puede respetar la distancia de seguridad, difícilmente se va a poder volver al trabajo», ha descrito.

Los sindicatos, en esta situación, también han demandado normas y medidas pactadas entre los empresarios y los trabajadores para poder volver al tajo, para la evaluación de riesgos y para tomar medidas preventivas, entre las que también pueden desempeñar un papel relevante para evitar contagios las organizativas, sobre todo ante la falta de equipos de protección individual. Y, en este sentido, los sindicatos también siguen abogando por primar el teletrabajo. «Pero no nos vale cualquier teletrabajo; hay que regularlo», ha asegurado García de la Torre.

En el mismo sentido se ha manifestado Linares, quien ha afirmado que la pandemia puede incrementar la apuesta por esta opción laboral más allá del periodo de incidencia de la enfermedad. Y, así, ha defendido que hay que adaptar el modelo preventivo de riesgos laborales a esa nueva realidad, en la que también tiene que respetarse la jornada laboral, la conciliación, la seguridad y la salud. García de la Torre ha afirmado que hay que garantizar que el teletrabajo tiene lugar en condiciones dignas, porque también comporta riesgos ergonómicos y psicosociales, que se respeta la jornada laboral y el derecho a la desconexión.

También en relación con la pandemia, los sindicatos han pedido que, «a todos los efectos» se considere a los contagiados por coronavirus en el ámbito laboral como víctimas de enfermedad laboral o de accidente de trabajo, y no sólo en términos económicos. Ello, por ejemplo, ante la eventualidad de que el coronavirus deje secuelas en la salud de las personas que han padecido o padecen la enfermedad.

En todo caso, las organizaciones sindicales han asegurado, ante la celebración mañana del Día de la Prevención de Riesgos Laborales, que la Covid-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema de protección español, que no ha sido lo eficaz que se hubiera deseado.

Y, en este sentido, han recordado las cifras de accidentes laborales de las últimas fechas: en 2019, 695 trabajadores perdieron la vida por el trabajo. En ese mismo ejercicio, hubo 1,5 millones de accidentes laborales, 635.000 de ellos con baja asociada. Y en los dos primeros meses de este 2020 se ha observado un preocupante incremento: entre enero y febrero hubo 120 accidentes laborales con resultado de muerte, un 30% más que un año antes.

A estos números se unen las 27.343 enfermedades profesionales que se contabilizaron y que aún, afirman los sindicatos, no recogen la realidad de su incidencia. De hecho, otra de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales pasa por luchar contra la infradeclaración de las enfermedades profesionales, no sólo las físicas, sino también las psicosociales, entre cuyas causas se encuentran la alta temporalidad y la elevada parcialidad involuntaria.