Sindicatos y patronal, a un paso de romper la negociación del convenio del metal

De hecho, la reunión apenas ha durado un cuarto de hora al comprobar ambas partes que no había posibilidad de acercar posturas. En este sentido, los sindicatos critican la actitud mostrada por la patronal del sector (Femebur), a quienes acusan de haber lanzado un «órdago». Y es que, después de varios encuentros, los responsables de Femebur «no se mueven de su postura» inicial y continúan planteando la eliminación de la cláusula de revisión salarial vinculada al IPC que tradicionalmente ha tenido el convenio sectorial.

En su lugar, y asegurando que la aplicación de dicha cláusula en los últimos años ha generado un importante impacto sobre las empresas, desde la patronal se aboga por un acuerdo a tres años con congelación salarial en 2023 y subidas de un 1 % y un 1,5 % para 2024 y 2025, respectivamente.

A partir de ahí, Femebur plantea vincular cualquier incremento salarial a mayores a la revisión de otras cuestiones, como la antigüedad o el complemento por incapacidad temporal, según explica Esteban Pérez, vicepresidente de la patronal del sector, quien insiste en la necesidad de «contener» salarios tras las subidas de los últimos ejercicios.

Y por ahí no están dispuestos a pasar los sindicatos, que califican la propuesta de «inaceptable» en todos sus términos. Máxime, insisten, cuando desde la parte sindical se han mostrado «flexibles» a la hora de abordar el mantenimiento de la revisión vinculada al IPC siempre que se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores.

Así, y a la vista de la situación, tanto CCOO como UGT han comenzado a valorar ya la posibilidad de preparar movilizaciones. «Nos están dando motivos para ello», asegura Juan Ignacio Ruiz, de CCOO.

Eso sí, ambas partes se han citado de nuevo para el próximo 5 de junio. Será entonces, en función de lo que ocurra en esa reunión, cuando se decida el camino a emprender. De momento, en todo caso, la posibilidad de movilizaciones está ahí, reconoce Ramiro Marijuán, de UGT, que critica la intención de la patronal de «meter la tijera» en los «derechos» de los casi 14.000 trabajadores del sector en Burgos.