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Poco después de que se cumpla un año desde su llegada a la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a las primeras movilizaciones ciudadanas. Si hoy los hosteleros se concentraron para protestar por la dramática situación que vive el sector, con fuertes restricciones ... a la actividad en la mayor parte del territorio nacional para frenar la expansión de la covid-19, este jueves serán los sindicatos quienes planten cara al Ejecutivo de coalición para exigirle que pase de las palabras a los hechos.
UGT y CC OO, tras más de un año de tregua, se han cansado ya de que el Gobierno se escude en la pandemia para no aprobar las reformas comprometidas y exigen que se pongan en marcha ya temas tan urgentes como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) –que ha comenzado el año congelado en los 950 euros al mes– o la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones. Por eso, este jueves, a las 12 horas, están convocadas más de 50 concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las principales ciudades españolas. En Madrid, sin embargo, se concentrarán frente al Ministerio de Asuntos Económicos dirigido por Nadia Calviño, a quien los sindicatos culpan de la paralización en la negociación de la derogación de la reforma laboral o de la subida del SMI.
'Ahora sí toca' es el lema escogido para esta jornada de protestas, que tiene por objetivo exigir al Ejecutivo «reactivar las mesas de diálogo social aparcadas con motivo de la llegada del coronavirus, que son imprescindibles para salir de la crisis económica en la que nos encontramos», según apuntaron los sindicatos hoy en un comunicado.
Ambas organizaciones han estado animando a la movilización durante la última semana y reclaman la necesidad de subir el salario mínimo en 2021 para poder reactivar la economía y el consumo. «No hay razones para no subirlo, más aún cuando en Europa también ha repercutido con fuerza esta crisis y los distintos países lo están aumentando», precisaron.
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CC OO y UGT también exigen la derogación de las reformas laborales «de manera inmediata» y sustituir «los aspectos fundamentales y tan negativos de las mismas por nuevos elementos que permitan superar los problemas tan graves que existen en nuestro mercado de trabajo con el objetivo de crear empleo digno, decente y con derechos». Se refieren a medidas tales como recuperar la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, devolver la ultraactividad a los convenios (es decir, que se prorroguen de forma automática y de manera indefinida mientras no se apruebe otro nuevo), limitar la subcontratación y poner coto al despido, entre otras. Medidas que antes de la pandemia ya habían pactado con el Gobierno en la mesas de diálogo social y que ahora el propio Pedro Sánchez condiciona a lograr un acuerdo con la patronal.
Además, ambas organizaciones demandan la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la necesidad de volver al acuerdo social de 2011. Advierten que «es imprescindible que la pensiones se revaloricen cada año por ley conforme al IPC, se derogue definitivamente el factor de sostenibilidad («que empobrecerá año a año a nuestros pensionistas») y se asegure la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema público, unas medidas que el Ejecutivo ya contempla en el plan enviado a Bruselas.
Y también los hosteleros se rebelaron contra el Gobierno y protagonizaron hoy una jornada de protestas que se celebraron de forma simultánea en distintas provincias del territorio nacional. En Madrid se concentraron delante del Ministerio de Hacienda y rompieron platos para denunciar la falta de ayudas directas a un sector al que están criminalizando y que es uno de los más afectados por las restricciones impuestas desde los distintos gobiernos nacional y autonómicos.
«Hay que salvar la hostelería y hay que romper los platos para decir que estamos hasta las narices de pagar los platos rotos. Nos están arruinando y necesitamos ayudas, sí o sí», denunció el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.
Yzuel se quejó de que las medidas de España se encuentran alejadas de las políticas de ayudas directas que han impulsado países como Alemania o Francia, y están ahogando de manera sostenida a la hostelería, un sector que ha sufrido unas perdidas de más de 70.0000 millones el año pasado. Por ello más de 85.000 bares y restaurantes se han visto obligados a cerrar, 300.000 empleos se han destruido y otros 365.000 trabajadores del sector están en ERTE.
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