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El sindicato UGT en Burgos ha denunciado una «cantidad de agresiones importantes» al personal de seguridad privada. Ante esta situación, para evitar el «riesgo de efecto contagio» y como ya han hecho en otras ocasiones, se pide «una mayor protección jurídica para los trabajadores de la seguridad privada».
Sergio Vicario, del sector estatal de limpieza y seguridad, explica que la función de estos trabajadores, «en muchos casos, complementan y auxilian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creemos que somos un colectivo que realizamos una labor muy importante y trabajamos en ámbitos en los que la sociedad puede ver que aportamos seguridad». UGT asegura que las agresiones han aumentado, también en Burgos, donde se producen, principalmente en los supermercados cuando se detectan robos.
La principal queja de UGT era el anuncio de la posible pérdida de la seguridad privada en los centros penitenciaros. El sindicato había previsto una concentración esta tarde en Burgos pero se ha suspendido el acto. Tras la petición de explicaciones, desde Instituciones Penitenciarias se ha confirmado que «se ha aparcado de manera temporal la sustitución de los vigilantes de seguridad en los centros penitenciaros por agentes de Policía o Guardia Civil», según Vicario.
UGT considera esto una buena noticia pero quieren que pase de ser una decisión temporal a definitiva «los vigilantes de seguridad privada hacen una buena labor en las cárceles y no peuden estar al capricho de decisiones políticas porque ponen en peligro muchos puestos de trabajo». En Burgos hay una veintena de trabajadores de la seguridad privada que se dedican a esta labor en la cárcel. En total, en la provincia hay unas 750 personas trabajando en el sector de la seguridad privada.
«Se da la paradoja de que puede que seamos sustituidos en las cárceles para hacer las mismas funciones para las que las fuerzas de seguridad del Estado tienen reconocido la aplicación de coeficientes reductores y nosotros no», ha lamentado Vicario.
UGT también se ha quejado del proceso de contratación pública de las empresas de seguridad privada. El sindicato pide que tenga mayor porcentaje de ponderación la calidad del servicio, la profesionalidad, que las empresas respeten los convenios y la seguridad y derechos de los trabajadores a, exclusivamente, el precio.
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