La reforma laboral avanza hacia un acuerdo inminente

Gobierno, patronal y sindicatos trabajan sin descanso para cerrar todos los flecos que quedan pendientes del nuevo texto que busca modernizar el mercado laboral español. La reunión que comenzó este lunes a las 9.30 de la mañana se alargó prácticamente durante toda la jornada. «Estamos trabajando, tenemos abiertas las mesas, quedan horas, quedan días, se va avanzando, pero hoy por hoy, en este momento, está también la mesa reunida y no me gustaría adelantar nada, se sigue avanzando», manifestó este lunes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que, no obstante, volvió a abrir la puerta a continuar en enero si hiciera falta. Más optimista se mostró el secretario general de CCOO, que admitió que «hay avances» y ve posible que haya acuerdo «a lo largo de esta semana».

El acuerdo será posible gracias a las cesiones que han tenido que ir haciendo todas las partes y, sobre todo, a que finalmente no será una derogación íntegra de la reforma laboral de 2012, sino que se eliminarán algunos aspectos, los más lesivos, y se retocarán mínimamente otros. Sin embargo, el corazón central de la legislación que puso en marcha el anterior Gobierno del PP se respetará, pues era una línea roja de la CEOE, que exige mantener la flexibilidad actual.

Los sindicatos son los que más han tenido que renunciar a sus objetivos iniciales y, aunque públicamente pregonan que se trata de una reforma laboral que cambiará el rumbo del mercado de trabajo español, extraoficialmente muestran su malestar por haber negociado durante muchos meses una reforma que no será de gran calado.

Sin embargo, sí constatan que servirá para reducir varios puntos la tasa de temporalidad del país. Pero no se hará gracias a los límites que se pretendían imponer, puesto que esta propuesta del Gobierno fracasó, sino gracias a dos sectores que liderarán esta reducción. El principal es la construcción, que es el sector, junto con la agricultura, donde más precariedad hay. Y con la nueva ley se creará un nuevo contrato específico para esta actividad de carácter fijo y que quieren extender a otros sectores.

Así, si hasta ahora se utilizaba mayoritariamente el contrato de obra y servicio para la puesta en marcha de un proyecto y contabilizaba en las estadísticas como temporal, ahora se imita el modelo francés y el nuevo contrato computará como indefinido pero evitará tener que negociar un ERE o despidos. A cambio, supondrá importantes mejoras respecto al normal, ya que la indemnización será mayor (equivalente al 7% de salario, unos 25 días por año trabajado), habrá más formación y obligación de ofrecerles un puesto de trabajo, al mismo tiempo que limitará la entrada de subcontratas y ETT. Esto permitirá reducir de golpe dos o tres puntos la tasa de temporalidad, y otro tanto podría rebajarse en la Administración Pública con el plan que ha puesto el Gobierno en marcha. La temporalidad prácticamente se da por cerrada en la negociación, pero aún quedan temas como el esquema de infracciones a empresas que abusen del fraude o la subcontratación.