Cada trabajador dispondrá de un expediente digital único con todo su historial laboral

El Gobierno financiará los próximos tres años programas de formación de ámbito estatal que estarán destinados «prioritariamente» a los trabajadores ocupados para que adquieran y mejoren sus competencias profesionales con el objetivo así de mejorar la productividad y competitividad de las empresas españolas, de cara también a impulsar su internacionalización.

El importe de la convocatoria asciende a 300 millones de euros, que se ejecutarán entre los años 2022 y 2024. De este total, 75 millones de euros corresponden al ejercicio 2022, 105 millones de euros al ejercicio 2023 y, finalmente, 120 millones de euros al ejercicio 2024.

Aunque tendrán prioridad los ocupados, también podrán beneficiarse de estos cursos los desempleados, siempre y cuando no superen el 30% del total de participantes. En cualquier caso, tendrán prioridad en el acceso a la formación las personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las personas trabajadoras afectadas por la activación del Mecanismo RED, los menores de 30 años, las mujeres, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad, los trabajadores con bajo nivel de cualificación, los desempleadas de larga duración, los trabajadores de pymes, los que tengan un contrato a tiempo parcial y temporal.