El Sistema de Garantía Juvenil, la iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, suma ya 57.269 inscritos en Castilla y León, según los últimos datos disponibles, con fecha de 9 de abril. Son 2.200 ... más que los que se contabilizaban apenas una semana antes, a cierre de marzo. La cifra avanza imparable, pero ¿en qué situación real están esos jóvenes? ¿Han encontrado empleo? ¿Han vuelto a estudiar? ¿Siguen cursos de formación?
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La Junta de Castilla y León no lo tiene claro. El Ministerio de Empleo, tampoco. Los registros sobre los jóvenes inscritos que han conseguido un empleo corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal que, sin embargo, solo dispone –o facilita– de estadísticas nacionales que no segregan los datos por comunidades ni por provincias. ¿Qué pasa con esos casi 60.000 jóvenes que siguen engrosando las listas de inscritos? La administración regional solo dispone de los datos relativos a las convocatorias propias. En concreto, fueron 7.586 los jóvenes que a lo largo de 2017 recibieron al menos una oferta de empleo (se contempla que una misma persona pueda recibir varias) a través del Ecyl, apenas el 22% de los 34.463 inscritos que, de media, figuraron en las listas del sistema el año pasado en la región.
Además de ellos, 3.057 participaron en actividades formativas gestionadas directamente por el sistema regional de empleo. La oferta de diferentes cursos es una de las actuaciones que contempla la Garantía Juvenil como una manera más de facilitar a los jóvenes el acceso al empleo. Además de los cursos impartidos por el Ecyl, las Consejerías de Educación y de Familia también disponen de otras líneas de formación específicas para estos jóvenes.
Una circunstancia que dificulta el controlar qué ocurre con los inscritos en la Garantía Juvenil se deriva de una reforma realizada en diciembre de 2016 (entró en vigor en 2017) sobre este programa implementado en España en 2014. En el modelo anterior, el que un joven encontrase trabajo era algo que lo expulsaba directamente del sistema. Eso ya no ocurre y, salvo que se realice de manera voluntaria, un registrado solo causa baja cuando cumple la edad límite, actualmente fijada en 30 años.
Otra de las novedades introducidas en 2016 es la inscripción automática de todo el que se registra como demandante en los Servicios Públicos de Empleo estatal y autonómicos y que cumpla los requisitos de la Garantía Juvenil. Además, el pasado año se rebajó de 30 días a uno el número de jornadas que debían pasar desde la finalización del último trabajo o estudio realizado.
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Todo esto, entre otras cosas, explica el hecho de que el número de registrados en el programa supere con creces el de demandantes de empleo de esa franja de edad en la región (27.230) y el de jóvenes que ni estudian ni trabajan (39.241), según las cifras aportadas por el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León.
En cualquier caso, el Sistema de Garantía Juvenil mantiene en la comunidad su crecimiento exponencial, al menos en lo que a su capacidad de acoger nuevos inscritos se refiere. De hecho, el número de jóvenes de entre 16 y 29 años dados de alta en esta herramienta se triplicó en el año 2017 al pasar de 16.702 inscritos a cierre de 2016 a los 50.999 doce meses después. Y no paró ahí, pues la tendencia al alza se mantiene y en los tres primeros meses del presente año siguió sumando hasta alcanzar los 55.040 a 31 de marzo.
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Ese crecimiento del 205% que el número de inscritos experimentó en 2017 en la región se debe, en parte, a esa reforma de 2016 en la que flexibilizaba los requisitos para acceder al sistema de Garantía Juvenil. Que el incremento en el último año sea tan elevado no deja sin embargo en mal lugar al avance registrado en el ejercicio anterior, cuando la cifra de inscritos se duplicó entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016.
Entre los requisitos para acceder a este registro de jóvenes en busca de empleo y formación se encuentran, además de aquellos generales, como poseer una nacionalidad de algún país de la Unión Europea o estar en posesión de un permiso de trabajo para la zona UE y estar empadronado en algún municipio del territorio español, el de la edad. Hay que tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
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Pero aquí se amplía el plazo de un modo curioso: también se admite en el programa a los desempleados mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de solicitar la inscripción en el sistema, la tasa de desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20%, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año (anterior). Curioso porque, desde que el sistema de Garantía Juvenil comenzase a funcionar en el año 2014, la tasa de paro entre los jóvenes españoles de 25 a 29 años nunca ha bajado de ese límite del 20%. De hecho, el porcentaje ha pasado del 29,8% que cosechaba en 2014 al 27,6% en 2015, el 24% en 2016 y el 21,7% en 2017. A pesar de que se ha ido reduciendo año a año, todavía se encuentra dentro del límite que permite esa ampliación prevista por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Además, en el caso de que no se esté inscrito en los servicios públicos de empleo como demandante, será necesario presentar una declaración escrita que manifieste el interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.
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