Los inspectores de Trabajo reanudan las movilizaciones por su «calamitosa» situación

En total, ocho organizaciones que aseguran que se mantienen las «deficiencias» en materia de inspección, tanto en lo referente a la plantilla, insuficiente para la carga de trabajo que afrontan, como a los medios técnicos y organizativos, demasiado precarios. En este sentido, acusan al Gobierno de «una clara falta de compromiso político» para aplicar el acuerdo firmado con ellos el 7 de julio de 2021, en el que se configuraba un nuevo modelo de inspección.

Los sindicatos advierten que si las carencias que soportaba el organismo el pasado mes de marzo, cuando desconvocaron la primera huelga general que tenían prevista, ya eran «graves», el tiempo que ha transcurrido desde entonces, medio año, «no ha hecho más que intensificarlas». En cualquier caso, advierten de que «el plan de choque diseñado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha demostrado incapaz de dar una solución e incluso se ha transformado en un problema adicional desde el momento en que las características retributivas del escaso personal incorporado rompen con los criterios que desde hace años están vigentes en el organismo, generando una doble escala salarial y una discriminación injustificable».

Por ello, califican este plan de «parche temporal» y muestran su «preocupación» por la «lentitud y el irresponsable olvido con los que este Gobierno parece empeñado en ocultar los problemas estructurales de un organismo sobre el que cada día recae tareas adicionales, en donde los objetivos que se persiguen son cada día más ambiciosos, en donde las transformaciones que operan en el mercado laboral lo requieren, pero en donde la fuerza real para poder afrontarlo es claramente deficiente y, sin ningún género de dudas, aboca a un fracaso completamente inevitable».

En este complejo escenario, los inspectores de Trabajo acusan al Ministerio de Hacienda y al de Trabajo de «desidia» y de no «encontrar un hueco» en los últimos seis meses para reunirse y abordar las «soluciones definitivas».

La inspección de Trabajo a duras penas alcanza los 3.000 efectivos (2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo), una cifra exigua para el nivel de ocupación que tiene España y para las muchas tareas que tienen que acometer, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo les carga cada vez con más planes de actuación.

Por eso una de las grandes reivindicaciones que exige el colectivo es incrementar la plantilla, puesto que además España tiene una proporción de apenas un inspector de trabajo por cada 15.000 personas de población activa, cuando países como Italia tienen un ratio de uno por cada 7.500 empleados o incluso Francia uno por cada 5.000.