Hacienda eleva al 3,5% la subida de los funcionarios para 2023

Para 2022, se mantiene la misma idea: que los funcionarios mejoren un 1,5% sus sueldos (desde enero subieron un 2%, cuando la inflación aún se encontraba en el entorno del 4%). Aunque ese incremento tiene carácter retroactivo precisamente desde el 1 de enero de este año.

La mejora llegará sustancialmente el próximo año, cuando el salario de los funcionarios aumentará un 3,5%. Se trata de un punto porcentual más que en la última propuesta de Hacienda. En concreto, el Gobierno ha planteado a los sindicatos (UGT, CC OO y CSIF) un alza fija del 2,5% con dos variables: uno, de un 0,5% adicional vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que la inflación termine por encima del 6% en ambos años; y otro medio punto porcentual adicional si España crece por encima del 5,9% en esos dos ejercicios.

Y de cara a 2024, la propuesta de Hacienda pasa por una subida que puede alcanzar el 2,5%. Sería un fijoi del 2% más un variable de medio punto porcentual más si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.

Con estos números sobre la mesa, los sindicatos UGT y CC OO han mostrado una posición más cercana al acuerdo que a la ruptura. De hecho, en UGT, su secretario general de Servicios Públicos, Julio Lacuerda, avanzaba este jueves que la organización aceptaría este viernes esa última propuesta del Gobierno. En el caso de CC OO, su coordinador del área pública, Humberto Muñoz, aclaraba a la salida de la reunión que le hubieran gustado más avances, sobre todo en la parte no salarial -la relativa a la jornada laboral y otras cuestiones- aunque mostró su disposición al acuerdo, que en cualquier caso tiene que ser valorado por el sindicato. La organización más rehacia a aceptar el acuerdo es CSIF, el principal sindicato de la función pública. Se remiten, de nuevo, a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes, ya que consideran insuficiente el planteamiento del Gobierno y exigirán alcanzar un alza total de, al menos, un 10% para los tres ejercicios, frente al 9,5% que está aún encima de la mesa.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, indicaba este jueves al presentar el nuevo plan fiscal del Gobierno que esperaban alcanzar un acuerdo «en los próximos días». Considera que la propuesta salarial que su departamento trasladó ya el miércoles a los sindicatos de funcionarios permite «al menos paliar el efecto de la inflación» sobre el colectivo de empleados públicos. La presentación del proyecto de Presupuestos del Estado es inminente y el pacto con los representantes de los funcionarios debería llegar antes de que el Consejo de Ministros inicie el trámite de las cuentas públicas para 2023.

A diferencia de los pensionistas, los funcionarios tendrán una subida de sus salarios desligada de la inflación. El Gobierno está dispuesto a elevar las nóminas de los más de tres millones de empleados públicos tanto este año con efecto retroactivo desde enero -con una paga adicional que abonarían a final de 2022-, como los dos ejercicios siguientes, pero incluso la suma de esos tres incrementos. Si se tiene en cuenta el dato de inflación de septiembre, la subida de sueldos ya sería superior en tres años al 9% del IPC del último mes.

Tanto UGT como CC OO como CSIF ya habían alabado el hecho «absolutamente inédito» de que el Gobierno contemple una revisión con carácter retroactivo para este año, pero mostraron su oposición a una subida para el año que viene del 2,5% que consideran «claramente insuficiente», puesto que las previsiones que se manejan sitúan el IPC en el 6%.

.Sin embargo, el Gobierno pretende marcar con esta propuesta una senda de los salarios protagonizada por la contención, al apostar por elevar las remuneraciones de algo más de tres millones de trabajadores muy por debajo de lo que están creciendo los precios, en un momento en el que la negociación de la gran mayoría de convenios para este año está atascada y a la espera de un acuerdo entre sindicatos y patronal que no llega.

El departamento dirigido por María Jesús Montero se ha mostrado, eso sí, abierto a compensar con otras medidas la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado este año los funcionarios y la que previsiblemente sufrirán en 2023, que se suma a ese deterioro en su capacidad de compra de la última década que el sindicato CSIF sitúa en el 20%. En este sentido, el Ejecutivo se plantea aceptar una vieja reivindicación de los sindicatos: la de reducir la jornada de los empleados públicos de la Administración General del Estado a 35 horas semanales, frente a las actuales 37,5 horas, lo que podría servir de ejemplo y extenderse también a las administraciones regionales y locales.

A su vez, manifestó su disposición a llevar a cabo mejoras en la promoción interna, tanto en lo referente a la movilidad como al acceso, y también cambios en el personal laboral de exterior, aunque sin concretar. De igual manera, se comprometieron a seguir avanzando en el desarrollo de la ley de función pública, en la captación del talento y el teletrabajo, que podría permitirse el 90% de la jornada en zonas en riesgo de despoblación, según avanzó este miércoles la ministra.