El Gobierno quiere implantar el registro obligatorio de la jornada antes de final de año

Así, el director de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña, se mostró sorprendido con este anuncio de la reducción de contratos ya que los avances en esta materia son «muy escasos» y le invitó a plantear este asunto en la mesa de diálogo social para «estudiar la letra pequeña», refiriéndose a la causalidad del contrato o a las indemnizaciones por despido.

De igual manera, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se lamentó de que «no hay grandes novedades», puesto que no ha habido reuniones de la mesa en los últimos días», y urgió al Ejecutivo a «acelerar» y fijar una fecha límite de negociación para que no se eternice este proceso. En este sentido, instó a Sánchez a que en el caso de que no se llegara a un acuerdo, realice los retoques de la reforma laboral a través del real decreto.

«El Gobierno está trabajando ya en todas las medidas que anunció el presidente», aseguraron a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo, que apuntaron a que todas tienen que pasar por el diálogo social. Sin embargo, el departamento liderado por Magdalena Valerio sí puntualizó que hay algunos temas donde hay mayores avances y que pretenden aprobarse antes de que termine el año. Sería el caso de implantar la obligación de las empresas a registrar los horarios de trabajo de sus trabajadores «para evitar abusos y facilitar la resolución de discrepancias», otra de las medidas que enumeró Sánchez y que están incluidas en lo que denominó su «agenda de cambio», que prevé que se materialicen en los próximos meses.

En realidad, ésta es una vieja reivindicación de los sindicatos para luchar contra la cada vez más elevada contratación a tiempo parcial y contra el aumento de las horas extras no remuneradas, que además está recogida en el acuerdo para los Presupuestos de 2019 suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos, los dos partidos que ya habían presentados sendas proposiciones de ley en el Congreso. Por eso, los sindicatos celebraron este anuncio mientras que desde la patronal se mostraron en contra, ya que a su juicio debe ser acordada en el marco de la negociación colectiva de cada sector o empresa en función de sus necesidades.

Donde sí hay un mayor consenso es en la propuesta que también avanzó el presidente del Gobierno de «recuperar las jubilaciones forzosas por edad como política de empleo en el marco de los convenios colectivos» y que en realidad ya estaba recogida en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que firmaron en julio los agentes sociales. En él instaban a la Administración a realizar los cambios legales que permitan que los convenios colectivos posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, «siempre que el trabajador afectado tenga derecho a la pensión completa», con el objetivo de «facilitar el relevo generacional».

En definitiva, la empresa podrá jubilar a aquellos empleados que ya hayan cumplido la edad de jubilación aunque no quieran, lo que choca con la petición de diversos organismos e instituciones que abogan por alargar la edad de jubilación cada vez más, puesto que al esperanza de vida aumenta progresivamente.