El Gobierno da otra oportunidad al diálogo para extender los ERTE tras el rechazo a su propuesta

Si el documento presentado por Trabajo recogía que la duración de estos expedientes «finalizará, en cualquier caso, el 30 de septiembre de 2020», también dejaba la puerta abierta extraoficialmente a una nueva ampliación que podría llegar a final de año. Era algo que los sindicatos estaban dispuestos a aceptar -aunque hubieran preferido una prórroga más larga-, pero no la patronal, que ayer rechazó con contundencia apoyar estas nuevas condiciones que califican como «inaceptables», dando la espalda a un acuerdo después de varias semanas de intensas negociaciones. La CEOE ya había advertido que no toleraría una nueva ampliación que no fuera hasta final de año y manifestó también su malestar porque la propuesta del Gobierno empeorara las exenciones en las cotizaciones sociales y mantuviera la prohibición de despedir a ningún trabajador afectado por un ERTE hasta el 30 de septiembre, salvo casos excepcionales, y de no poder reducir el tiempo del contrato temporal.

Los que sí continuaban, según el documento de Trabajo, eran los beneficios que estos ERTE reportan a los trabajadores afectados, de forma que el tiempo que dure no computará para futuras prestaciones, lo que se denomina 'contador a cero', y los trabajadores que no hayan cotizado el periodo suficiente también podrán acceder al desempleo.

Al término de la fallida reunión, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, explicó que no se había alcanzado una posición conjunta entre los agentes sociales y el Gobierno y avanzó que las negociaciones proseguirían a lo largo de esta semana. «Puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTE durante los próximos meses, pero está por definir exactamente en qué condiciones, con qué especificidades respecto al último acuerdo al que llegamos». Sordo se mostró convencido de que los ERTE van a ser un instrumento fundamental para sostener el empleo durante los próximos meses.

Desde la CEOE coincidían en su intención de continuar negociando y ahora se mantienen a la espera de una propuesta de Trabajo. Si bien todavía no hay una nueva fecha cerrada para celebrar la próxima reunión. No hay mucho margen por delante, puesto que el 30 de junio vence el esquema actual de los ERTE. Miles de empresas y más de tres millones de trabajadores dependen de la conclusión de las negociaciones.

En el nuevo Real Decreto que el Gobierno tenía intención de aprobar mañana no se hace distinción entre los ERTE de fuerza mayor total y parcial, como sí sucedía en el anterior. Así, aunque una empresa mantenga a todos sus trabajadores en suspensión de empleo no podrá ya beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones sociales de su plantilla (si tenía menos de 50 empleados) ni del 75% (en caso de ser de mayor tamaño). A partir del 1 de julio todas las compañías a las que se hayan autorizado expedientes de regulación de empleo quedarán exoneradas del abono de un porcentaje variable de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social, bastante más reducido que el actual. Concretamente, para aquellos trabajadores que vuelven a la actividad, la exención alcanzará el 60% en julio, el 50% en agosto y el 40% en septiembre cuando las empresas tengan menos de 50 trabajadores (a fecha de 29 de febrero de 2020), según el borrador al que ha accedido este periódico. Para las compañías con una plantilla de 50 personas o más, la exención se reduce hasta el 35% en julio, el 25% en agosto y el 15% en septiembre. Bastante peores son las condiciones para los trabajadores que permanecen en ERTE, en cuyo caso la exención alcanzará el 35% en julio, el 25% en agosto y el 15% en septiembre para las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores. Para las de mayor tamaño, la exención se queda en el 20% en julio, el 10% en agosto y el 5% en septiembre. Es decir, desde julio los porcentajes de bonificaciones oscilarán entre el 60% y el 15%, frente a la actual horquilla de entre el 100% y el 45%.

Pero sí se preveía prorroga hasta el 30 de septiembre las medidas encaminadas a la conciliación en lo que respecta a poder adaptar el horario de trabajo y reducirse la jornada hasta el 100% en caso de que el trabajador acredite tener que cuidar a menores o dependientes de hasta segundo grado de consanguinidad.