El Gobierno prescindirá en marzo de los 1.500 trabajadores para reforzar el SEPE

Borra advirtió de que el SEPE necesita con urgencia más personal para gestionar tanto la avalancha de ERTE que se espera como del resto de prestaciones, que se han incrementado significativamente a consecuencia de la covid-19.

En los últimos diez años, como consecuencia de las políticas de recortes, el SEPE ha perdido 3.400 efectivos y cuenta ahora con cerca de 8.000 trabajadores, de los que un 30% son trabajadores temporales, «una cifra totalmente insuficiente para atender a la ciudadanía», según el sindicato.

Estos 8.000 trabajadores han sido capaces de atender a más de ocho millones de ciudadanos en 2020 y llegó a tener que gestionar más de seis millones de prestaciones a la vez en el peor momento de la pandemia.

Borra puso en valor el trabajo de las plantillas de este organismo, que han atendido a más de 8 millones de ciudadanos en 2020, a pesar de que desde el Gobierno han demostrado que «no tienen una apuesta clara por el SEPE».

 Por otro lado, el presidente del sindicato más representativo en las administraciones públicas resaltó el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados públicos para afrontar las necesidades derivadas del temporal, que se unen a las del coronavirus. «Situaciones como la pandemia o el temporal nos muestran la importancia de tener un sistema público sólido que garantice las prestaciones y servicios a los ciudadanos», defendió. Sin embargo, lamentó que las necesidades «han puesto al descubierto las costuras del sistema tras años de recortes».

En este sentido, desde CSIF alertaron de que «la administración está en mantillas» y pusieron como ejemplo la sanidad, donde hay tres camas por cada mil habitantes, frente a las cinco de la media de la Unión Europea o las ocho de Alemania. Pero esta situación afecta a todos los ámbitos de las administraciones públicas, como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, la educación, la justicia, prisiones…

Así, lamentó que pese a la labor y las dificultades que afronta este colectivo, «se le cuestiona hasta una subida salarial mínima del 0,9%». A este respecto, recordó que en los últimos diez años, los grupos A1 (médicos, profesores de instituto, etc) han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 53.000 euros (equivalente a trabajar 18 meses gratis), un A2 (enfermero, maestro, entre otros) 40.000 euros (15 meses gratis) y un C1 (policía local o funcionario de prisiones) han perdido el equivalente a 13 meses.

Asimismo, Miguel Borra insistió en la necesidad de reforzar las plantillas con 106.000 plazas a nivel general en los próximos tres años y en el caso de la sanidad se ha planteado al Gobierno un plan a 10 años para crear 280.000 trabajadores.