Mucho más genérica y difusa que la de pensiones es la reforma laboral que el Gobierno ha enviado a Bruselas. La falta de concreción con la que se exponen las medidas es deliberada y pretende no generar controversia ni entre las distintas sensibilidades que hay ... en torno a este tema dentro del propio Gobierno –las diferentes posiciones que mantienen la vicepresidenta Calviño y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz son bien conocidas– ni con los agentes sociales. De hecho, Díaz ya ha avanzado que en los próximos días se convocará a sindicatos y patronal para negociar estos puntos.
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Así, para huir de la polémica, en ningún caso se habla de derogación de la reforma laboral de 2012 –pese a incluirse en el acuerdo de Gobierno–, y los cambios en la negociación colectiva que tanta fricción generan simplemente se enumeran, sin recogerse expresamente las medidas comprometidas con los sindicatos antes de la pandemia: devolver la prevalencia a los convenios sectoriales, recuperar la ultraactividad y revisar los descuelgues.
Mayor grado de concreción hay en las medidas que buscan reducir la elevada temporalidad que hay en el mercado laboral español. Para ello, el Ejecutivo simplificará el número de contratos y, previsiblemente, los limitará a tres: el indefinido, que es el que pretende generalizar; el temporal, al que además exigirán ahora una justificación clara para que se limite a actividades puramente eventuales; y el de formación, que ahora apenas se utiliza y quieren impulsar. Además, prevén endurecer aún más la utilización de los contratos de muy corta duración y asegurar «un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes», según consta en el documento.
Para reducir el insoportable nivel de paro, se contemplan tres grandes medidas: impulsar los ERTE como mecanismo permanente del mercado de trabajo y alternativa al empleo, modernizar las deficientes políticas activas de empleo y diseñar un nuevo programa de empleo joven. En lo que respecta a los ERTE, el Gobierno quiere convertirlos en un «instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas» y «reforzar la inversión en formación» para recualificar a los trabajadores afectados. Para financiarlos, propone crear un fondo tripartito que, aunque no lo especifica, se sobreentiende que se nutriría con dinero público pero también con aportaciones de empresarios y trabajadores.
Además, el Ejecutivo quiere revisar las subvenciones y bonificaciones a la contratación, simplificándolas y limitándolas exclusivamente a contratos indefinidos para personas desempleadas. Otras de las 17 reformas que recoge son la nueva regulación de los 'riders' y la modernización y digitalización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Para todo ello, El Ejecutivo invertirá 2.400 millones de 2021 a 2023.
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La histórica promesa de bajar la factura de la luz sin romper las normas comunitarias
No hay un solo dirigente político español que no haya prometido bajar el precio de la luz en una campaña electoralpero que, posteriormente, ha tenido que defender un repunte del recibo cuando gobernaban. El último capítulo lo sufrió a principios de mes el Ejecutivo de coalición, precisamente cuando ultimaban los flecos de la que será su reforma energética.
Con el documento en manos de la UE, el Ministerio de Transición Ecológica ha plasmado entre sus medidas acciones para rebajar el recibo pero sin traspasar la normativa comunitaria en materia de energía. Es la cuadratura del círculo que ha intentado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ante la presión de Unidas Podemos:intervenir, pero con «cautela», como pide la ministra.
Entre las reformas que Bruselas estudiará se encuentra la puesta en marcha del Fondo de Sostenibilidad Energética, del que el Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto. Se trata de que las primas a las antiguas renovables (las que se implantaron con el 'boom' hasta 2009), así como el coste de la cogeneración y los residuos dejen de cargarse en el recibo de la luz y pasen a ser costeados por el conjunto de las empresas energéticas. El problema del recibo en España es que dos terceras partes proceden de este tipo de costes, así como los impuestos, más allá del consumo que se realice. El Ejecutivo calcula que ese Fondo implicará una rebaja media del 13% en la factura durante los próximos cinco años. A cambio, eso sí, verán incrementar el coste de otros productos energéticos, como los combustibles, al tener que asumir las petroleras una gran parte de ese nuevo fondo. De ahí su negativa a implantarlo como lo ha planteado por ahora el Gobierno.
Para actuar en ese otro tercio de la factura ligado al coste de la electricidad (la parte del consumo de kilovatios/hora), Transición Ecológica confía en que una implantación masiva de centrales renovables como las que prevé el Plan Nacional de Energía y Clima consiga alcanzar ese objetivo. Cuantas más renovables aporten electricidad, más barato será el precio de mercado ('pool'). Aunque también en este caso hay letras pequeña: será necesario tener centrales de respaldo (ciclos combinados de gas, y nucleares mientras mantengan su actividad) para garantizar el suministro en caso de ausencia de viento (para las eólicas), lluvias (hidroeléctricas)o sol (fotovoltaicas). Y esa energía tendrá que ser compensada con un dinero que saldrá de la factura.
Consciente de que Bruselas también aboga por la competitividad entre países, el Ejecutivo señala otra reforma de calado: la del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Se trata de una herramienta para rebajar los costes de la energía entre las grandes fábricas para evitar deslocalizaciones y, a la vez, lograr que su recibo sea al menos similar al de otros países, ya que los costes eléctricos también determinan dónde se instala una empresa.
Cerrar la brecha de ingresos tributarios con Europa (que ronda los 7 puntos de PIB o, en números redondos, los 70.000 millones de euros), corregir el elevado peso de la imposición sobre el trabajo, también el insuficiente desarrollo de la fiscalidad medioambiental, así como la baja recaudación por el IVA debido al elevado uso de los tipos superreducidos son algunas de las líneas maestras de la reforma fiscal que el Gobierno ha remitido a Bruselas en los últimos días.
La concreción de estos principios toma forma en las propuestas que recoge el acuerdo de la coalición de Gobierno, en el que se ha inspirado el Ejecutivo para elaborar la ficha de su reforma fiscal, y que han comenzado a desarrollarse ya con los Presupuestos de 2021, con las subidas de los tipos en IRPF para las rentas altas, la reducción de exenciones en Sociedades o la creación de los impuestos sobre las transacciones financieras y sobre los servicios digitales.
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En esas líneas se va a abundar. En IRPF quedaría incrementar los tipos para rentas a partir de los 130.000 euros, mientras que en el caso de Sociedades, está pendiente la garantía de una tributación mínima del 15% para las grandes empresas, cifra que alcanzaría el 18% para bancos y empresas de hidrocarburos.
También serán objeto de revisión las bonificaciones, para conocer cuáles han dejado de cumplir su objetivo o tienen efectos regresivos. Estarían en juego beneficios fiscales que en IRPF superan los 1.180 millones, mientras que en Sociedades rebasan los 3.870 millones.
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Otro capítulo relevante pasa por el desarrollo de la imposición medioambiental: ya está en marcha el diseño de la ley de residuos y suelos contaminados;y se podrían incluir ajustes en impuestos ya existentes, para gravar las emisiones de dióxido de carbono.
Pero la reforma fiscal en su conjunto se realizará tras el análisis en profundidad que realizará un grupo de expertos en cuya génesis aún se trabaja y que tendrá todo este año para elaborar su dictamen.
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Otra tarea que se ha marcado el Gobierno es la reforma del modelo de financiación autonómica, lo que probablemente conllevará la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades, sobre todo Patrimonio, pero también Sucesiones y Donaciones.
Y se buscará reforzar la capacidad de recaudación del sistema con medidas de prevención y lucha con el fraude. Además, por el lado del gasto, se prevé impulsar las evaluaciones para mejorar su eficacia y eficiencia.
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