El Gobierno teme que Podemos frustre su plan de decretos de último minuto

La idea, conforme a esa estrategia, es enviar al Parlamento medidas simbólicas de contenido eminentemente social que tengan garantizado el apoyo de los socios en la moción de censura. Y, de momento, estas se cuentan con los dedos de una mano. Sobre todo, dicen en la dirección del grupo socialista, vista la actitud de Podemos. Pablo Iglesias batalló hasta el último momento para convencer a los independentistas de que apoyaran los Presupuestos de Sánchez a fin de evitar un adelanto electoral poco conveniente para su atribulado partido, pero una vez sentenciada la legislatura, ha decidido marcar distancias respecto al PSOE.

La estrategia de campaña del partido, que, en ausencia de Iglesias por su baja de paternidad, pilota Irene Montero, quedó clara ya tanto el martes como el miércoles en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso y el Senado. Montero presentó a su partido como la única garantía de que no habrá un Gobierno escorado a la derecha y echó mano de una orden del Ministerio de Hacienda que limita el gasto del resto de departamentos al 50% (a fin de que si se aprueban este año unas nuevas cuentas no queden condicionadas por lo ejecutado con el Presupuesto del Rajoy) para acusar a los socialistas de aplicar, «cuando nadie les ve», las mismas recetas de austeridad que los populares.

En principio, Podemos ya ha advertido al Ejecutivo de que sólo podrá contar con su voto para cuestiones que formaron parte del acuerdo presupuestario que ambos suscribieron el pasado octubre. Un ejemplo sería la equiparación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas, pero fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno advierten tajantes de que ese asunto no se regulará por decreto «No irá, no es posible - sostienen-; estudiamos otras cosas que sí pueden ser viables ahora».

El problema es que, en otros aspectos, el documento firmado en la Moncloa por Sánchez e Iglesias era demasiado genérico y el Gobierno teme que el partido a su izquierda se sitúe en posiciones «muy maximalistas».

El miedo está justificado. El martes, Podemos rechazó aprobar las recomendaciones del Pacto de Toledo pactadas por el resto de los grupos porque no recogía cuestiones como que las pensiones queden de nuevo vinculadas al IPC por ley o que la edad de jubilación vuelva a ser a los 65 años y, dos días después, Montero avisó de que no participaría en las «tretas electorales» del PSOE y que analizará propuesta a propuesta antes de dar su visto bueno. Ya el pasado mes de enero, además, Podemos rechazó el decreto de vivienda presentado por el Ejecutivo porque, a su juicio, se quedaba muy corto.

Celaá demostró este viernes, en todo caso, que tratará de presionar a su hasta ahora socio. No en vano, prácticamente le hizo corresponsable del desahuicio de cuatro familias en el madrileño barrio de Lavapiés porque, según ella, algunas de las medidas contenidas en ese decreto tumbado «habrían hecho imposibles, seguramente, realidades e imágenes» como las que se vieron.

Entre los asuntos que el Gobierno aspira a aprobar ahora están el subsidio para parados mayores de 52 años y las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas con dependencia. Es lo que ve más factible sacar adelante. Sin embargo, también quiere modificar algunos aspectos de lareforma laboral del PP en 2012 ( recuperar la ultraactividad, la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y el control horario) y, además, pretende transformar en decreto la proposición de ley del PSOE sobre igualdad laboral, que contempla multas para las empresas que impidan la conciliación e insta a empresas a que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres en sus consejos de administración desde 2023. Una proposición paralizada por PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso.