La derogación por fases de la reforma laboral de 2012 comienza ya la próxima semana, cuando el Gobierno pondrá punto y final al despido por acumulación de bajas médicas. Será el próximo martes en el Consejo de Ministros, tal y como anunció este martes la ... ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que negó a su vez que hubiera habido algún punto de discrepancia dentro del Ejecutivo sobre este asunto. Zanja así la polémica que surgió por el supuesto retraso en aprobar este Real Decreto, ya que la primera fecha que barajó Trabajo fue el pasado 11 de febrero, algo que avivó el rumor de que detrás de ello estuviera la ministra de Economía, Nadia Calviño.
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Díaz aseguró que no ha podido hacerse en un «plazo menor» ya que los tiempos se han ajustado a cumplir rigurosamente con los trámites necesarios, que eran 15 días. «se le puede criticar todo, pero que la (falta de) rapidez no», incidió, al tiempo que reiteró que «no hubo ningún debate sobre la derogación del 52.d, lo quiero poner en valor, no hubo ninguna discusión»
Así, explicó que esta derogación, que no ha sido llevada en este caso al diálogo social por expreso deseo de la ministra, se ha expuesto a los portavoces de los distintos grupos políticos, algo que requiere de tiempo, pero que «no ha habido ningún reparo» desde ningún interlocutor.
También expuso cómo va a llevarse a cabo esta derogación. No se hará ninguna modificación de la redacción, sino que se eliminará este apartado por completo. En este sentido, abogó por que el tema del absentismo se seguirá su curso en el marco del diálogo social, donde los agentes sociales están trabajando «mucho y bien».
De esta forma, desde el próximo miércoles las empresas no podrán despedir con 20 días de indemnización por año trabajado (en lugar de 33 o 45 días) y un máximo de 12 mensualidades a trabajadores a quienes encadenen más de ocho días de baja laboral intermitente en dos meses, aunque estén justificadas por un médico, siempre y cuando el año anterior el total de faltas del empleado exceda el 5% de las jornadas hábiles. De forma que tendrán los mecanismos de despido ordinario, que «tienen mayores dificultades», se jactó la ministra, que también avanzó que el gobierno estudiará si el tiempo del bocadillo es tiempo efectivo de trabajo o no, tras la sentencia de la Audiencia Nacional que avala que los descanso del café se descuenten del registro de jornada laboral.
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