El Gobierno abre la puerta a intervenir en los grandes ERE

Primero fue la ministra de Trabajo quien en el Congreso cargó con dureza contra la reforma laboral del PP que impide al Gobierno actuar en los despidos colectivos al eliminar la autorización administrativa que estaban obligadas a pedir las empresas en caso de presentar un ERE. Ante la petición realizada por el diputado de Bildu Oskar Matute de que la restablezcan porque «estamos asistiendo a una cascada de ERE», la ministra le dio la razón y dijo que el Gobierno «buscará una fórmula que nos permita actuar».

Cabe recordar además que la semana pasada el Ministerio de Trabajo envió sendas cartas a BBVA y CaixaBank para presionar para que rebajaran el número de empleados afectados por un despido colectivo, lo que causó cierta sorpresa en el sector.

Apenas unas horas después, fue el propio presidente quien secundó estas palabras y prometió, durante su intervención en el 43 Congreso Confederal de UGT, que el Ejecutivo trabajará «intensamente» junto a los sindicatos para «mitigar al máximo» los despidos colectivos en «sectores en los que los beneficios no los justifiquen», en clara referencia a la banca.

En este sentido, Sánchez rechazó los ERE anunciados por grandes empresas porque «generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo de una minoría y no de la mayoría, cuando es el principal reto y desafío». «No podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer y crecer durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores», denunció.

Otro claro mensaje que quiso mandar el Gobierno es que derogará antes de fin de año la reforma laboral. Yolanda Díaz lo volvió a hacer y esta vez en el Congreso de los Diputados y con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, sentada a su derecha. Con rotundidad y sin atisbo de duda, la ministra de Trabajo repitió ayer por tercera vez en estas dos últimas semanas las palabras que hasta hace poco evitaba: «Sí, vamos a derogar la reforma laboral del PP». Esta declaración de intenciones tiene mayor valor por atreverse a hacerla ante una cámara repleta de diputados contrarios a esta derogación, incluso muchos compañeros socialistas dentro del propio Gobierno, con Calviño a la cabeza.

Después de más de un año de silencio en torno a este compromiso adquirido en el pacto de coalición, a la vicepresidenta tercera ya no le tiembla la voz para gritar a los cuatro vientos que derogará esta reforma, tratando ahora de erigirse como la nueva líder de Unidas Podemos y sin miedo a plantar cara al PSOE. También busca contentar a socios parlamentarios como Bildu, ERC o la CUP, que piden ya más concreción en torno a estas medidas. Incluso dio un paso más con la intención de resultar convincente y dijo a modo de órdago: «Si antes de diciembre esto no está hecho, yo compareceré para rendir cuentas y haré lo que tenga que hacer». Estas palabras pueden dar lugar a múltiples interpretaciones, puesto que aquí cabría hasta una ruptura del pacto de Gobierno o una dimisión, aunque desde el Ministerio le quitaron importancia y destacaron que la contrarreforma laboral ha de estar aprobada antes de que termine el año porque así se ha comprometido con Bruselas.

Igual que con los ERTE, Sánchez precisó esta promesa y explicó que «la izquierda no solo tiene que decir que va a desmantelar, también a avanzar». «Hay compañeros que me dicen: tienes que decir derogar la reforma laboral. Pero desde el Gobierno, y también de cara a la sociedad española, cuando estamos hablando de revisar a fondo el mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP cuando estaba en el Gobierno, pero también modernizar muchas otras», reiteró, abogando por «revisar a fondo el mercado laboral de España», actualizándolo y reconociendo nuevos derechos.

En esta línea, otras de las medidas que recalcó Díaz llevarán a cabo será cambiar «completamente» las bonificaciones a la contratación que conceden a las empresas, porque «son un peso muerto para la economía» y no sirven para los objetivos que se ha fijado el Gobierno. Asimismo, la vicepresidenta se comprometió a desplegar inversiones «muy importantes», con cuantías «muy importantes» para intentar cambiar el signo en la política del empleo juvenil, ya que no es tolerable un 40% de paro en este colectivo.