El Gobierno aprueba la extensión de los ERTE y las ayudas a los autónomos

Con la extensión de los ERTE, enumeró el ministro, se da «certidumbre» a trabajadores y empresas y «continuidad», dado que, en términos generales, se mantienen las mismas condiciones para estos instrumentos que los que estaban vigentes hasta el momento. Si bien, precisó, se realiza un «esfuerzo de simplicidad» para que les sea más fácil a compañías y empleados la transición de un ERTE a otro en términos burocráticos.

Lo que supone los ERTE para los trabajadores es la percepción de una prestación equivalente al 70% de la base reguladora, así como la renovación de la cláusula de mantenimiento de empleo durante seis meses, lo que implica que las empresas se comprometen a mantener todos los puestos de trabajo durante un periodo de medio año a partir de la primera reincorporación a la actividad.

En cuando a las empresas, se mantienen los tres esquemas de ERTE que se aprobaron en septiembre: los que se aplican a los sectores más afectados por la pandemia y a su cadena de valor, que cuentan con una exoneración de hasta el 85% de las cotizaciones sociales de los trabajadores; los ERTE por impedimento de la actividad a causa de las restricciones adoptadas por alguna administración para reducir los contagios, por los que las empresas obtienen exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones; y los ERTE de limitación, que cuentan con exoneraciones decrecientes, comenzando en el 100% en el mes de febrero.

Según describió Escrivá, si en el peor momento de la pandemia hubo hasta 3,6 millones de trabajadores protegidos por un ERTE, en los últimos meses la cifra se ha estabilizado en el entorno de los 700.000.

El consejo de ministros también ha aprobado el acuerdo logrado con las organizaciones de autónomos para prorrogar las ayudas de las que disponen. Por un lado, la prestación por suspensión de actividad derivada de una decisión administrativa, concepto por el que cobran un mínimo de 760 euros mensuales. Por otro lado, la prestación compatible con la actividad para autónomos cuyo negocio no se haya recuperado o haya empeorado, cuya cuantía depende de la base de cotización. Y, por último, la prestación extraordinaria por bajos ingresos para los trabajadores por cuenta propia que no puedan acceder a las ayudas anteriores. Esta última ayuda está dotada con un mínimo de 760 euros siempre y cuando los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional durante el primer semestre de 2020.

Según cifras de Escrivá, este esquema de ayudas ha favorecido que si bien en los once primeros meses de la crisis de 2008 se habían perdido más de 170.000 autónomos, después del mismo número de meses tras el estallido de la pandemia hay cerca de 13.500 autónomos más.

De acuerdo con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la prórroga pactada conlleva un mayor nivel de protección para los autónomos: «Si bien actualmente hay unos 350.000 autónomos que están percibiendo la prestación por cese de actividad, calculamos que con las mejoras adquiridas se va a duplicar el número de aquellos que la percibirán de aquí al 31 de mayo, en total, unos 800.000 autónomos». «Esto significa que uno de cada cuatro autónomos accederá a esta prestación, ya que se ha mejorado el acceso y ante una situación muy complicada cargada de restricciones». Pero Amor también señala que «no es suficiente». «O el Gobierno pone en marcha ayudas directas, o el 2021 va a ser mucho peor de lo que teníamos previsto», asegura Amor. «La prestación por cese, los ERTE están muy bien, pero no va a servir por sí solo para salvar autónomos. No han sido dos meses de pandemia, llevamos casi un año de pandemia y el agotamiento psicológico, económico y financiero cada vez es mayor. O se articular ayudas directas para los sectores más afectados que sirvan para pagar los suministros, para pagar los alquileres, para pagar los gastos fijos, o difícilmente los autónomos sólo con el cese de actividad van a poder mantenerse», añade Amor.

El acuerdo del consejo de ministros también revalida la prestación para trabajadores de temporada con un mínimo de 660 euros.

Además, tal y como trascendió este lunes, el consejo de ministros también ha aprobado la extensión hasta el final del estado de alarma de la posibilidad de solicitar la prórroga de seis meses del contrato de arrendamiento para todos aquellos cuyo vencimiento tenga lugar entre el 1 de febrero y el 9 de mayo. El contrato se mantendrá en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo diferentes entre las partes y que el propietario persona física no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí.

Asimismo, en el caso de que el 'casero' sea un gran tenedor y el inquilino se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica por la pandemia, este último podrá contar con una reducción del 50% de la renta arrendaticia por un máximo de cuatro meses o podrá retrasar el pago del alquiler durante hasta cuatro meses, para trasladar su pago a un periodo posterior de tres años sin intereses ni recargos. Se trata de medidas que no afectan a los pequeños propietarios de vivienda, según aclaran desde el Ministerio de Transportes.