Lluvia de oposiciones a lo largo de los próximos meses con una convocatoria récord en plena campaña electoral y con el compromiso de que se materialice antes de final de año. El Gobierno aprobará este martes, cuando apenas quedan 12 días para que se celebren ... unos comicios que pueden cambiar el color político del país, la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 30.000 plazas para reforzar la Administración General del Estado (AGE) ante la avalancha de jubilaciones que está sufriendo. Pero, además de cubrir las bajas que haya, se creará de nuevo empleo neto, y en mayor cuantía que el año pasado, aunque la tarea queda para el nuevo Gobierno.
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La cifra exacta sigue siendo un secreto, ya que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no quiso desvelar este dato que se conocerá este martes, pero sí prometió a los sindicatos en la reunión que mantuvo este lunes que será como mínimo un 20% más elevada que la que hubo en 2022 para el conjunto de la Administración General. Teniendo en cuenta que la oferta ordinaria para 2022 incluyó 25.471 plazas para la Administración del Estado, de las que 15.880 son de ingreso libre y 9.591 corresponden a la promoción interna, la oferta para este ejercicio 2023 superará los 30.000 puestos, según fuentes sindicales.
A esta cifra, además, hay que añadir las miles de plazas que se convocan cada año para la Policía Nacional y Guardia Civil (casi 5.000 en 2022), para las Fuerzas Armadas (otras cerca de 2.000 más el año pasado), así como las destinadas a la Administración de Justicia, con lo que el número engordó hasta superar las 34.000 plazas, cuantía que con toda seguridad se sobrepasará de largo este año. Además, en 2022 se convocaron otras 10.636 plazas más para la estabilización de personal interino, con lo que la cifra global se situó en 44.787 plazas, un número que previsiblemente el Gobierno sobrepasará para firmar otro récord. No obstante, también es probable que este año haya menos plazas destinadas a la estabilización de interinos, puesto que la mayor parte de ese proceso se hizo en 2022.
Para llevar a cabo esta oferta de empleo público sin precedentes, el Gobierno ha logrado el acuerdo de UGT y de CSIF, pero no así de CC OO, que denunció tras la reunión la «falta constante de datos» durante la negociación y advirtió que «no garantizará el servicio público a la ciudadanía». En este sentido, sostuvo –en un comunicado enviado a los medios– que no recoge medidas dirigidas a «garantizar la creación de empleo público neto ni a fomentar la promoción interna y la carrera profesional del personal público». Además, el sindicato liderado por Unai Sordo aseguró que el incremento de un 20% de las plazas «no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021 y, por tanto, la relación entre bajas y oferta se mantiene lineal».
El acuerdo lo que sí incluye es un compromiso explícito para reforzar con 2.500 plazas la Administración de la Seguridad Social, para tratar de atajar el colapso que en los últimos meses se está registrando en sus oficinas, con esperas de hasta tres meses para conseguir una cita presencial. De esas 2.500 plazas, 2.000 se destinarán a estabilizar los puestos de esos 2.000 interinos autorizados a final de 2022 y habrá un 25% más de nueva creación, «como consecuencia de los nuevos servicios encomendados», según recoge el acuerdo al que ha accedido este periódico. El texto elaborado por Función Pública explica que se trata de «un refuerzo necesario para que pueda prestar los servicios y prestaciones que tiene encomendados y que se han visto incrementados tanto por el Ingreso Mínimo Vital como por la potenciación del control del fraude en materia de cotizaciones y prestaciones».
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Además, el Ejecutivo se compromete a destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre, unas oposiciones que seguirán la senda emprendida con el acuerdo del año pasado y que premiarán en mayor medida los méritos.
Asimismo, el acuerdo establece que las convocatorias de los procesos selectivos para esta oferta de empleo público para 2023 deberán publicarse antes del prócimo 31 de diciembre, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad. Le queda, por tanto, al nuevo Gobierno que se forme la tarea de ejecutar esa avalancha de oposiciones en tiempo también récord. Además, se establece que si confluyeran convocatorias de años anteriores, se podrán acumular las plazas pendientes, junto con las que, en su caso, se oferten en el ejercicio inmediato siguiente.
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