Los ERTE se mantienen hasta el 30 de junio pero no habrá despidos ni reparto de dividendos

No ha sido fácil y ha habido muchas discrepancias entre todas las partes. De hecho, se han mantenido maratonianas jornadas para poder cerrar este acuerdo, en el que todos han tenido que renunciar, según manifestaron los protagonistas. «Todos cedemos, pero es un acuerdo equilibrado», defendió ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien agradeció expresamente a los agentes sociales que dejaran a un lado las «diferencias» y «hayan estado a la altura de la historia de nuestro país».

El Ejecutivo no dio su brazo a torcer y mantiene el requisito de que las empresas que se beneficien de estos expedientes tendrán la obligación de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha en que reanude su actividad, aún cuando sea de forma parcial. De lo contrario, tendrán que devolver la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

Sin embargo, sí hace una concesión a la patronal, que se oponía firmemente a esta cláusula: libera de este compromiso a «aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores», según consta en el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso este periódico.

Éste era uno de los principales escollos de la negociación, ya que desde la CEOE mantenían que esta prohibición de despedir podría llevar al cierre de muchas empresas. De hecho, en la junta que mantuvo ayer la patronal para ratificarlo se vio el malestar que generaba entre algunos directivos.

De igual manera, Trabajo ha introducido dos nuevas exigencias para poder acogerse a estos ERTE: no podrán beneficiarse de estas ayudas ninguna compañía que tenga su sede en un paraíso fiscal ni las que se hayan acogido podrán repartir dividendos a sus accionistas en el año de ajuste fiscal, «excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social». Esta limitación no es de aplicación para aquellas que tengan menos de 50 trabajadores. Concretamente, las empresas de menos de 50 trabajadores y que retomen su actividad tendrán una exención del 85% de las cotizaciones sociales de sus empleados durante este mes, y un 70% en junio. Para las de más de 50 trabajadores, los porcentajes serán del 60% para mayo y el 45% para junio.

A cambio, el Gobierno incorpora nuevas cesiones, como son la ampliación hasta el 31 de diciembre de la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos y una batería de bonificaciones para las empresas que reanuden su actividad. Así, la fuerza mayor total implicará la exoneración del 100% de las cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más empleados, mientras que la fuerza mayor parcial supondrá exenciones desde el 30 al 85% dependiendo de las circunstancias, primando la reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión. De esta forma, las empresas que reinicien la actividad con reducciones de jornada podrán descontarse el 85% de las cuotas de mayo y el 70% de las de junio si tienen menos de 50 trabajadores, y el 60% de las de mayo y el 45% de las de junio si tienen más empleados.

Las empresas que reanuden la actividad, pero mantengan a trabajadores en suspenso podrán descontarse el 60% de las cuotas de mayo y el 45% de las de junio si tienen menos de 50 trabajadores y el 45% de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio si tienen más empleados.

A su vez, se crea una comisión de seguimiento tripartita (formada por personas del Gobierno, de la patronal y de los sindicatos) que será la encargada de definir qué sectores van a necesitar matener estas ayudas después de que se levante el estado de alarma. Además, se facilita la transición de los ERTE por fuerza mayor a los expedientes por causas objetivas, económicas y organizativas (ETOPS), «de manera que tengan carácter retroactivo para que no dejen de estar desprotegidos ni las empresas ni los trabajadores, tal y como puntualizó la ministra».

A su vez, se crea una comisión de seguimiento tripartita (formada por personas del Gobierno, de la patronal y de los sindicatos) que será la encargada de definir qué sectores van a necesitar matener estas ayudas después de que se levante el estado de alarma.

Las direcciones de las patronales CEOE-Cepyme admitieron que no ha sido el acuerdo que hubiesen «deseado vislumbrar», ya que ellos pretendían que hubiera sido «a más largo plazo», hasta septiembre, para «que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras, para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad».

Sin embargo, valoraron que el Gobierno mejoró la propuesta inicia y por ello decidieron sumarse al acuerdo «con el objetivo de aportar seguridad jurídica».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recalcó el «compromiso» del Gobierno para trabajar en detectar cuáles esos sectores más afectados, entre los que citó bares, restaurantes, hoteles, la industria del automóvil... En este sentido, confío en «la sensibidad que tiene el Gobierno en función de cómo avance la situacion de ser más benévolo».